La mediación del delegado del Gobierno, que conserva buenos contactos de su etapa como diputado en el Congreso, permitió ayer que, a última hora de la mañana, el Ministerio de Educación adoptase lo que su director provincial en Ceuta, Cecilio Gómez, describió como “una decisión salomónica”: los maestros y profesores que ya trabajan en la ciudad merced a una Comisión de Servicios no tendrán que cumplir el nuevo requisito de “estar en servicio activo y tener un mínimo de tres años de servicios educativos prestados como funcionario de carrera” que tanto revuelo había causado en la comunidad educativa desde que se conoció su inclusión, el pasado viernes, en la convocatoria para el próximo año académico.
El resto de los interesados en acceder a una Comisión de Servicios para, a pesar de tener su plaza en otras Autonomías, poder trabajar en algún centro educativo de la ciudad autónoma a partir de septiembre, sí deberán cumplir esta exigencia de nuevo cuño, que Gómez ha justificado como una forma de “favorecer” que más interinos trabajen.
La decisión dejó “satisfecha”, al menos parcialmente, a la Junta de Personal Docente, cuyo presidente, Juan Luis Aróstegui, valoró que se haya tenido “sensibilidad” para “no obligar a entre treinta y cuarenta familias plenamente asentadas en la ciudad a irse”. Menos contentos se quedaron quienes no tienen una Comisión y pensaban solicitarla. Algunos docentes con este perfil pusieron en cuestión, en declaraciones a este periódico, la “legalidad” de imponer un requisito para unos solicitantes y eludir a otros de someterse al mismo.
En rueda de prensa, el secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, instó ayer al Ministerio de Educación a “dar marcha atrás del todo” y a suprimir completamente el nuevo requerimiento de llevar tres años “de servicios educativos prestados como funcionario de carrera”. “Felicito a los sindicatos y a los propios involucrados por lo que han conseguido con su presión, pero el Ministerio ha tomado una decisión injusta a sabiendas y más le valdría preocuparse por los problemas que realmente lastran el sistema educativo en la ciudad y no por introducir nuevas complicaciones”, lamentó el diputado autonómico, quien recordó que “la Ley ya regula las Comisiones de Servicios sin necesidad de endurecer sus condiciones”.
