La “ambiciosa”, por “integral”, por “pionera” y por “justa socialmente”, reforma fiscal anunciada por el Gobierno de Rajoy para los dos próximos años, cuando tras otros tantos de “importantísimos esfuerzos”, “recortes” y “ajustes”, bajarán por fin los impuestos, traerá una destacable novedad al panorama fiscal de la ciudad autónoma.
Si en octubre del año pasado la persuasión del Gobierno local, la Delegación y el diputado nacional Francisco Márquez consiguió una reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades sirvió para delimitar claramente el terreno de juego de las empresas para beneficiarse de una bonificación del 50% en ese tributo ahora dichas reglas se extenderán al campo del IRPF.
Traducido, ello quiere decir que los accionistas de las empresas que cumplan los requisitos establecidos para pagar aquí la mitad de lo que deberían tributar al otro lado del Estrecho en Sociedades también abonarán el 50% de los dividendos, rentas de capital, que en su caso obtengan cada ejercicio.
La modificación legal de Sociedades estableció que, en el caso de entidades que dispongan de un lugar fijo de negocios en Ceuta en el que operen efectiva y materialmente, se considera renta obtenida en la ciudad autónoma un importe de 50.000 euros por persona empleada con contrato laboral y a jornada completa que ejerza sus funciones aquí, con un límite máximo total de 400.000 euros. Para rentas superiores al referido importe, deberá acreditarse el cierre local de un ciclo mercantil que determine resultados económicos.
Además, se incluyó de forma expresa la posibilidad de aplicar la bonificación en el caso de arrendamientos de inmuebles situados en estos territorios, así como sobre las rentas procedentes del comercio al por mayor cuando esta actividad se organice, dirija, contrate y facture a través de un lugar fijo de negocios situado en la ciudad o que cuente con los medios materiales y personales necesarios para ello.
Márquez valoró ayer la extensión del marco al IRPF como “la confirmación del trato singular y de la receptividad manifiesta hacia nuestras singularidades que el Gobierno de Rajoy ha dado durante toda la legislatura a Ceuta”, en la que hasta ahora había que tener domicilio y objeto social exclusivo para pagar la mitad por las rentas de capital obtenidas.
En buena lógica, este avance debería contribuir a escala local a lo que mismo a lo que viene la reforma fiscal en el ámbito nacional: “A impulsar la creación de empleo, a dinamizar el crecimiento económico y a lograr un sistema tributario más equitativo, progresivo y acorde con nuestros principios constitucionales”, según el también consejero.
La reforma conllevará rebajas en los tipos de la práctica totalidad de tributos hasta niveles iguales o inferiores a los que tenían cuando Zapatero salió de La Moncloa. Los mileuristas dejarán de tributar y una familia que gane 20.000 euros y tenga dos hijos, por ejemplo, contará con unos 280 euros de renta disponible extra al año.
Los mínimos familiares por hijos, ascendientes o discapacitados a cargo también aumentarán y se introducirán nuevos beneficios fiscales, “impuestos negativos”, compatibles y que podrán alcanzar hasta un máximo de 6.000 euros. Además, los ciudadanos que se han visto obligados a entregar sus hogares ante la incapacidad de poder hacer frente al pago hipotecario ya no tendrán que pagar IRPF y las víctimas de las ‘preferentes’ también verán aliviada su presión fiscal.
