La tendencia se consolida después de adquirir el hábito en el año 2013, cuando estuvieron exentos de pagar IVA e IPSI hasta los 430 euros.
Si un residente en Ceuta realiza una compra al otro lado del Estrecho por un importe superior a 90,15 euros, tiene la posibilidad de reclamar la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con el que se gravan los productos y servicios en la península. Para este reintegro, es obligatorio el desembolso previo del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
Esto es así desde finales de 2013 ya que, del 1 de enero al 24 de diciembre de ese año, el máximo de la compra para eludir ambos impuestos se elevó a 430 euros –hasta 2012 rondó los 90 euros–. La medida incitó a una fuga de clientes ceutíes a los que les resultaba más rentable la adquisición de productos en la península que en la ciudad autónoma porque, de esta manera, las operaciones en régimen de viajeros estaban exentas de tributación y aprovechaban cualquier viaje de fin de semana para efectuar las importaciones.
Pese a que las administraciones echaron el freno a esta huida introduciendo una modificación al tope de compras que no pagaban impuesto local ni peninsular, los residentes en Ceuta siguen solicitando en la actualidad el doble de devoluciones de IVA que en 2012, de acuerdo con los datos del Organismo Autónoma de Servicios Tributarios de Ceuta (OAST).
¿Por qué? Según fuentes del Gobierno autonómico, la población adquirió el hábito de solicitar el reintegro del impuesto peninsular cuando compran algún bien en el resto del país –salvo en las excepciones extrapeninsulares– y siguen aprovechando esta ventaja fiscal. El resultado de la asimilación de esta práctica supone que se haya consolidado hoy día y la cifra de tramitaciones del OAST se hayan duplicado en este apartado.
En cifras, su Negociado de Importación y Gravámenes Complementarios contabilizó 7.004 devoluciones en 2012 y 13.533 en 2013. Un incremento de cerca del 50 por ciento que el Ejecutivo local atribuye a que, en 2013, traer productos en régimen de viajeros a Ceuta estaba exento de tributación hasta el límite de 430 euros.
La consolidación de esta tendencia queda patente en 2014, cuando el OAST cuantificó en 14.704 el volumen de estas operaciones, es decir, ligeramente superior al doble en comparación con 2012. Por extensión, aumentaron tanto el total de la base imponible –cuantía sobre la cual se calcula el importe del impuesto a satisfacer por la persona física o jurídica– y de la cuota devengada, es decir, la cantidad del IVA devuelto a los residentes que lo solicitaron. Como observaciones a estos datos, el OAST puntualiza que son transacciones realizadas en el ejercicio del derecho del residente ceutí a la devolución del IVA soportado en el momento de la adquisición de los bienes muebles corporales objeto de importación y de las compras realizadas por internet y que, con carácter general, suelen ser objeto de importación a través de envíos postales.
La ampliación del margen a los 430 euros puso en pie de guerra a los empresarios, que presagiaban una caída de sus ventas en la ciudad autónoma en beneficio de los negocios peninsulares. Las protestas partieron de la Confederación de Empresarios (CECE) y la Asociación Centro Comercial Abierto. La patronal alertó de que la medida que entró en vigor el 1 de enero de 2013 ponía en la picota al comercio local ya que los clientes podían entender más ventajoso comprar fuera solicitando la devolución del IVA pero estando exentos de abonar el IPSI.
Fue Francisco Márquez, diputado nacional por Ceuta, quien tomó las riendas –en el ámbito local– de un asunto crucial para la actividad económica dada su relación con la Administración General del Estado. La iniciativa consistió en la presentación de una enmienda al Proyecto de Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de Empleo para, a través de una Disposición Adicional, retrotraer la legislación vigente en materia de imposición indirecta para los ceutíes a la situación que existía hasta el 31 de diciembre de 2012. La modificación se focalizaba en el artículo 9 de la Ley 8/1991 de 25 de marzo por la que se aprobó el IPSI para Ceuta y Melilla.
Las conversaciones del Ejecutivo ceutí con el Central, unidas a la propuesta del diputado popular, desbloquearon la situación y permitieron dar marcha atrás a la polémica medida.
