La escasez de cultura democrática que padecemos se traduce entre otras cosas en la falta de percepción de los políticos entre lo público y lo privado. Así, el político que consigue un cargo en la Administración Pública , ya sea en la General del Estado, en las Autonómicas o Municipales, considera ese puesto concedido a perpetuidad y sobre todo en propiedad. Todo lo anteriormente efectuado ha sido nefasto y ahora vienen aires nuevos y lo nuevo es un futuro maravilloso. Desde esa “propiedad” , comienzan a renovar el mobiliario, pintar paredes de otro color, cambiar los cuadros de pared o enviarlos a un almacén , todo ante los atónitos ojos de los funcionarios de toda la vida que son quienes finalmente harán el trabajo. A continuación comienza la criba y el “cargo” se rodea de un ingente número de asesores, previo cese de los anteriores que al no existir carrera administrativa, si son funcionarios tendrán que hace “pasillo”, si no fueran funcionarios se tendrían que ir a la calle, o sea al partido. Si el cargo conlleva coche oficial, la entrada y salida del carruaje, siempre rápidamente para que se note en el “cargo” que hay diligencia a raudales. Por supuesto tuteando al chófer del PMM y sentándose detrás a la derecha. Ese chófer le servirá para llevar los niños al “cole”, a la mujer a la “pelu” y a todos juntos de viaje. Si el cargo tiene necesidad de protección con un guardaespaldas, hay que saber a qué restaurantes vamos a comer y donde debe situarse. El imperio ante el cargo.
Ya entrado en funciones, la diferencia entre los actos que conllevan las competencias legales del nombrado y los actos de los partidos, no existen y lo mismo acuden a una reunión del partido, por ejemplo en La Coruña , a una reunión de la Internacional del Mirlo Blanco, a un partido de fútbol internacional por ejemplo entre el Granollers (de Arriba)y el Granollars (de Abajo), o a una reunión obligatoria en el ministerio de enfrente. Si, como en el caso del actual mirlo que nos desgobierna tiene mando en plaza en el 45 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, por lo que puede elegir entre los diversos aerodinos que componen ese Grupo, para gratuitamente poder ir a la boda de un cuñado, a un concierto de rock, o a una peregrinación a la Meca, ya la mezcla entre lo público y lo privado se vuelve obscena. Claro de este personaje tampoco se puede esperar mucho porque pone absolutamente todos los medios públicos a su alcance para mirarse continuamente en el espejo de su ego, es decir de la ignominia. Así lo mismo se adorna con un doctorado que después se demuestra que ha sido realizado en gran parte por “negros” muy obscuros, o en publicar un libro, al parecer también escrito esta vez por una “negra” también muy obscura, donde cuenta conversaciones que por su cargo actual solamente lo harían niños de unos catorce años, como en mi época fumaban para hacerse parecer más hombres entre las mujeres. Este mismo ser , ha dado unas cuantas vueltas al mundo en modo Presidente en viajes que no han reportado prácticamente nada al acervo internacional de la Nación. Y para descansar no duda en utilizar todas las residencias oficiales, en fin todo comenzó con el cambio de un colchón.
El problema fundamental, en mi opinión, reside en la falta de control del gasto público. Por una parte porque las reglas del citado gasto son excesivamente lasas y por otra porque el sistema del control del gasto es poco eficaz. El sistema de control del gasto público ha basculado excesivamente desde un control férreo “ex- ante” antes de que se permita el gasto, a un control “ex -post”, es decir una vez realizado el gasto mediante análisis de control financiero o auditorías, que pueden reflejar la inutilidad o ineficacia de ese gasto pero, que una vez realizado no puede subvertirse. Lo máximo a lo que pueden llegar los actos conducentes de esos gastos es a un procedimiento administrativo largo y lento por malversación de caudales públicos de los que conozco apenas alguno. Y es que el actual control del gasto “ex -ante”, solamente se fija, por lo general, en que exista crédito y que quien autoriza dicho gasto sea autoridad competente. No se entra previamente en la necesidad, oportunidad, o eficacia del gasto. Así pueden comprarse miles de zapatos del mismo pie si lo autoriza la autoridad competente y existe crédito en el presupuesto. No hay control apropiado que pueda parar ese gasto. Habrá que esperar a la realización de una auditoría ”ex-post” si es que ese expediente se encuentra entre los de la muestra de los que se tienen que auditar. El anterior control férreo previo sobre gastos de poca entidad determinaron esa traslación hacia el control posterior, junto a las presiones de los políticos llegados a las Administraciones para tener manos libres a sus gastos, ya sean los de representación , los de viajes , o los de inversiones donde más les placiera. Esos políticos que cuando están en la oposición siempre abogan por un control más férreo del gasto público que desprecian cuando llegan al poder porque coarta su capacidad de gasto.
El sistema terminó de romperse completamente cuando la Intervención General de la Administración del Estado no pudo entrar a controlar los fondos públicos, ni los presupuestos de las Comunidades Autónomas en su día a día. Las Comunidades, crearon deprisa y corriendo sus cuerpos de funcionarios Interventores sin la preparación de los provenientes del Estado y admitiendo subrepticiamente a los afines a los partidos políticos dominantes en esas Comunidades. La debería ser el único cuerpo de control del gasto público en toda la Administración Pública. Así, lo que ocurre en Cataluña con todos los miembros de la Generalidad paseándose por el mundo entero sin ejercer una sola de las competencias de gobierno de dicha Comunidad Autónoma o lo que ocurre con los diputados autonómicos cerrado el “parlamento”, igualmente de viajeros impenitentes a costa del erario público, es simplemente una obscenidad, aun cuando existe, como en todas las Comunidades Autónomas órganos de control, ya sea interno como las Intervenciones Generales o de control externo como los Tribunales de Cuentas, que para lo único que sirven es para arracimar cargos y más cargos, funcionarios y más funcionarios sin producir un verdadero resultado conducente a denunciar por malversación de fondos públicos a gobernantes y diputados. Así estos empleados públicos, lo mismo se desplazan a las Islas Feroe, que el espécimen Torra va a Bruselas una y otra y otra vez a ver a su amigacho el fugitivo sin que nadie le pare. Si a esto se le añade el poder de estos gobernantes en la entrega de subvenciones a las organizaciones afines sin control alguno de la necesidad de esos fondos, la razón de las mismas ni de su destino o la creación de “catajadas” en el extranjero sin competencia alguna para ello ante los ojos del ministro escupido, sin nadie que ponga freno a estos desmadres, coincidirán en que nuestro país todavía no es Venezuela, porque en vez de un caminero tenemos ahora un dandy tan vacío como él, pero en cuestión de eficacia en el manejo de los fondos públicos, somos similares.
Es servirse del poder cuando se está en su posesión lo que también ocurre cuando se promociona un libro o se realizan actos del partido político al que pertenece el mandarín que deberían ser sufragados exclusivamente por el partido político, pero más allá del coste económico es esa pérdida de visión que lleva a no distinguir lo público de lo privado, a no distinguir la corrupción de lo que no lo es, a no distinguir la malversación de fondos públicos de lo que no lo es, todo ello distingue a las democracias asentadas con verdaderas raíces democráticas, de las democracias que solo poseen el “título” como la española, muy garantista sí, pero donde los poderes públicos no son capaces de respetar las leyes, los poderes autonómicos no son leales al Estado que los ampara y los políticos mienten una y otra vez sin que se les suba el mínimo rubor a la cara y no exista ningún órgano de control que los pare.
Es necesario por lo tanto un fortalecimiento del control interno del gasto público lo que debe llevar en primer lugar a un cambio del sistema actual debiéndose apoyar el control fundamentalmente en la fiscalización previa del gasto añadiendo reglas de necesidad, eficacia y oportunidad que permitan al órgano controlador la suspensión del gasto antes de su realización y sin abandonar los controles financieros y auditorías posteriores al gasto que complementarían el sistema.
En segundo lugar, el órgano de control interno debe ser único para todo el Estado con un alcance que se extienda a todos los fondos públicos inherentes al Estado pudiendo por lo tanto tener el control de Comunidades Autónomas y Entidades locales en cuanto a dichos fondos se refiere. Este órgano de Control interno debe ser ejercido por la Intervención General del Estado que ya tiene los mejores profesionales y la logística adecuada en todas las Delegaciones de Hacienda provinciales.
En caso contrario además de la publicación de libros y de vídeos promocionando los viajes turísticos del mandarín de turno en las Seychelles, veremos películas en las que dicho mandarín se afeita, canta, pasea a la perra, y como algún alcalde se compra la gomina sin la cual no podría actuar, eso sí, a cargo del erario público, es decir todos nosotros. Quizás lo merezcamos.