El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el decreto ley aprobado por el Gobierno para establecer un sistema permanente de reubicación de menores inmigrantes no acompañados. La medida, que afecta especialmente a territorios como Ceuta, Canarias y Melilla, ha abierto un nuevo frente político entre el Ejecutivo central y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Más de ocho meses de bloqueos y desencuentros
El origen de este decreto se remonta al 15 de julio de 2024, cuando el PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron en el Congreso una proposición de ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Su objetivo era crear un mecanismo de reparto obligatorio de estos menores inmigrantes entre las comunidades autónomas, comenzando por aquellas que sufren mayor presión migratoria.
El primer intento, sin embargo, fracasó. El 23 de julio, el Congreso rechazó la toma en consideración de la propuesta con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención. El cambio de posición de Junts y del PP impidió que la iniciativa siguiera adelante.
A pesar del desacuerdo parlamentario, el Ejecutivo retomó el plan meses después. El 18 de marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley para impulsar la misma reforma de manera urgente, esta vez con el respaldo definitivo de Junts, lo que garantiza su aprobación en la Cámara Baja.
Un nuevo modelo de acogida
El decreto contempla la reubicación de unos 4.400 menores inmigrantes sin familia en España, aunque la cifra exacta está aún por concretarse. Para ponerlo en marcha, el Gobierno ha previsto una financiación de 100 millones de euros en 2025.
La intención es crear un sistema estable, que permita responder de forma ágil y coordinada a las crisis migratorias en puntos como Canarias, donde la llegada de menores ha desbordado durante años los recursos disponibles.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado que el reparto podría comenzar en los próximos meses. Además, ha recordado que las comunidades tenían hasta el 31 de marzo para informar sobre el número de menores que atienden.
División autonómica y batalla judicial
Pese a que el decreto será aprobado, el conflicto político está lejos de resolverse. Diversas comunidades autónomas han decidido acudir a los tribunales.
Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria y Andalucía han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional. Estas regiones alegan que el decreto invade competencias autonómicas y que la financiación prevista es insuficiente para asumir la acogida.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha denunciado que su sistema ya se encuentra en situación de colapso. Según ha informado EFE, en 2024 acogieron a 2.442 menores inmigrantes, lo que representa una sobreocupación del 132 %. Solo en los primeros meses de 2025, ya han superado el millar.
Andalucía, por su parte, informó de la atención a 2.615 menores en 2024, con un 96,32 % de ocupación de sus plazas. Baleares acoge actualmente a 573 menores, diez veces más que la capacidad prevista inicialmente. Todas ellas consideran que el decreto se ha impuesto sin consenso y sin tener en cuenta las condiciones particulares de cada territorio.
Falta de datos y discrepancias en las cifras
Uno de los principales obstáculos para poner en marcha el nuevo modelo ha sido la ausencia de información precisa por parte de algunas autonomías.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido que la “asimetría” en los datos aportados por las comunidades complica la elaboración de un plan de reparto justo y equilibrado.
Rego ha subrayado que, aunque la mayoría de regiones han ofrecido cifras fiables, otras como Madrid han enviado datos generales que impiden una correcta planificación. El Ejecutivo ha establecido el 10 de abril como fecha límite para recibir la información. Si no se cumple el plazo, se utilizarán los últimos registros disponibles.
En paralelo, la Comisión Interministerial de Inmigración ha constituido un grupo de trabajo encargado de coordinar la aplicación del decreto y de hacer seguimiento al reparto de los menores.
Aragón y otras comunidades endurecen su postura
Aragón ha sido una de las comunidades más críticas con el decreto. Su Gobierno se ha negado a facilitar los datos sobre el número de menores acogidos y, además, ha llevado el asunto a los tribunales para intentar frenar el proceso. Según el delegado del Gobierno en la región, Fernando Beltrán, Aragón fue la única comunidad que no informó a tiempo del número de menores que tiene bajo su tutela.
En Cantabria, aunque solo tiene 36 menores inmigrantes acogidos, también hay rechazo. El Gobierno cántabro considera que el decreto invade competencias autonómicas y ya ha anunciado que lo llevará al Tribunal Constitucional.
Castilla-La Mancha, por su parte, aún no ha decidido si presentará un recurso. En cualquier caso, ha mostrado su preocupación por la falta de coordinación del Gobierno central y recuerda que tiene casi todas sus plazas ocupadas, con un 96,5 % de ocupación.
Una decisión con impacto en las comunidades
El Congreso aprobará este jueves una reforma que marcará un antes y un después en la gestión de menores inmigrantes en España.
Sin embargo, su aplicación dependerá en gran medida de la resolución de los recursos judiciales y de la voluntad política de cada comunidad.
Mientras tanto, más de 4.000 menores esperan una respuesta que les garantice un futuro digno y una acogida adecuada en territorio español.
El desafío es mayúsculo, y su gestión puede definir la política migratoria del país en los próximos años.
