Cuando la salud mental termina judicializándose significa que el sistema no funciona. A Tomás Dos Santos Mota, conocido como ‘el portugués’, se le iba a juzgar este miércoles en Ceuta en dos procedimientos distintos. La falta de un intérprete motivó la suspensión de ambos juicios.
Si se habla con él dice ser un famoso expiloto de carreras, veterano de Daytona, sin una familia, pero con una novia con la que iba a casarse. Su vida la pasaba en la calle, viviendo de la caridad y rememorando historias a bordo de vehículos de película que decía haber conducido, aunque quizá esas andanzas formen más bien parte de su imaginación.
En los papeles judiciales su perfil se presenta bien distinto: acusado de atentado por un lado y, por otro, de un delito de lesiones y amenazas iba a ser juzgado en el Penal 2 de no ser por la suspensión forzosa dictada.
Ahora está ingresado en el hospital, en el área de psiquiatría. Quizá este relato periodístico debería haber comenzado por aquí, por presentar la figura de una persona acusada cuyas facultades mentales aparecen claramente mermadas.
Esa condición es la que le llevó a cometer una seria de actos irresponsables que han tenido consecuencias no solo para unos policías nacionales sino para una clienta y una cajera de un supermercado del centro, a la primera le agredió y a la segunda la insultó en portugués.
Son víctimas en ambos procedimientos y sus derechos también deben ser tenidos en cuenta. El mal funcionamiento del sistema lleva a que en casos de este tipo las víctimas se dupliquen y la balanza que prima en el sistema judicial no sea tan clara.
Ceuta carece de un centro en el que poder albergar a personas sin hogar y a aquellas que están en la calle porque en el fondo padecen enfermedades que requieren de tratamiento médico.
Las acciones del ‘portugués’ son consecuencia de un estado mental que le ha llevado de momento a estar ingresado. Su destino más bien sería su atención en un centro especializado incluso en su propio país más que en la cárcel. Pero este miércoles no se pudo realizar informe alguno al respecto al suspenderse las dos sesiones judiciales previstas.
El atentado por el que fue denunciado Tomas se produjo en diciembre de 2023 en la calle Brull, en donde solía dormir. Se le acusa de golpear a los agentes cuando procedían a su identificación causándoles lesiones.
Las amenazas y lesiones las cometió en diciembre en un supermercado de la calle Real. Arrojó una caja de madera de las que guardan fruta a una clienta y amenazó a la cajera. Días antes había causado altercados en otros establecimientos.
El caso de este joven no es aislado. La gestión en torno a la salud mental es deficitaria no solo en Ceuta sino en todo el país y lleva a que personas que deberían estar en centros recibiendo tratamiento se encuentren en la calle.
Las crisis que sufren pueden derivar en situaciones extremas y comportamientos antisociales que finalizan en un juzgado porque en origen no se han puesto los medios adecuados.
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