Categorías: Sucesos y Seguridad

Libertad con cargos para el hombre detenido por corrupción de menores

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil detuvieron a un hombre de 41 años, llamado F.A.E.C., por pesar contra él una acusación de presunto delito de corrupción de menores e incapaces, además de otra de amenazas condicionadas con fines sexuales, tal y como ha explicado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Aunque la detención fue desarrollada en Ceuta, en el propio domicilio del hombre ubicado en el extrarradio de la ciudad, se trata de un procedimiento que parte de Castellón, ya que fue allí en donde se interpuso la denuncia inicial que ha dado pie a este arresto y al posterior inicio de un procedimiento judicial. Ayer, tras su puesta a disposición del juzgado de guardia, el detenido quedó en libertad con cargos tras prestar declaración sobre los hechos. La actuación judicial sobre este asunto se dirigirá desde Castellón. El Equipo de Delincuencia Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil se puso en marcha tras existir esa denuncia, montándose “los operativos oportunos para determinar la actividad que desarrollaba el detenido”, explica la Benemérita en la nota. Tras obtenerse la correspondiente autorización judicial, se procedió a la entrada y registro en el domicilio de este hombre, encontrándose en su interior varios teléfonos móviles y gran cantidad de material en soporte informático del que, ahora, se procederá a su oportuno estudio y valoración por si pudiera constatarse la comisión de más ilícitos penales. La tenencia de material pornográfico llega a penarse solo con meses de prisión o incluso con el pago de multas. Las leyes castigan con mayor grado la distribución de esa pornografía. No obstante hay asuntos que rompen la norma y así ha quedado demostrado con una reciente sentencia del Tribunal Supremo contra un hombre que tenía en su casa 290.000 archivos de pornografía infantil, que incluían fotos y vídeos de prácticas sexuales con niños desde los 3 años de edad. Esta sentencia abre la puerta a condenar con castigos de hasta nueve años de cárcel no sólo a los productores sino también a los poseedores de este material, cuando sea violento o especialmente degradante.

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