El gobierno de Marruecos aparcó el polémico proyecto de ley 22.20 relativo al control de las redes sociales y bautizado popularmente como 'ley mascarilla' o 'ley mordaza', tras la oleada de críticas llegadas desde organizaciones pro derechos humanos, partidos políticos y medios de comunicación.
El ministro de Justicia, Mohamed Ben Abdelkader, al que se atribuye el proyecto de ley, declaró a la agencia oficial MAP que ha pedido "retrasar los trabajos sobre el proyecto de ley hasta el fin del periodo actual (de emergencia sanitaria) y las necesarias concertaciones con el conjunto de sectores afectados".
De esta forma -según el ministro- la versión definitiva de ese proyecto de ley podrá "ser conforme con los principios constitucionales y consolidar los logros en materia de derechos humanos".
Ben Abdelkader no hace alusión directa a la polémica suscitada tras las primeras filtraciones sobre el proyecto, que además fue aprobado en Consejo de Gobierno de manera casi secreta el 19 de marzo, un día antes de que entrase en vigor el "estado de emergencia sanitaria" por el avance del coronavirus.
Los artículos filtrados preveían duras penas de hasta 3 años de cárcel y una multa de hasta 50.000 dirhams (4.500 euros) contra aquellos que llamen al boicot de productos, empresas o servicios determinados, una clara alusión a un reciente boicoteo de tres empresas ligadas al "establishment" del país.
También recogía castigos contra aquellos que llamen a los ciudadanos a retirar su dinero de un determinado banco o institución de crédito, así como los que pongan en duda la calidad de un producto.
El uso de las redes sociales en Marruecos ya sufre de restricciones sin existir una ley "ad hoc", y entre fines del 2019 y principios del año actual se produjo una oleada de detenciones y juicios contra varias personas por expresarse en las redes sociales y emitir críticas de contenido político.
