La ‘Ley Celaá’ entrará en vigor el 19 de enero con “aplicación directa” en Ceuta

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la nueva Ley educativa, conocida como LOMLOE o ‘Ley Celaá’, en honor a su impulsora, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá. Esta norma fue aprobada por el Senado el pasado 23 de diciembre y entrará en vigor dentro de 20 días tras esta publicación, es decir, el próximo 19 de enero. Según señaló la directora provincial en funciones en Ceuta, Livia Rosales, en la ciudad “será una aplicación directa”, ya que depende directamente del Ministerio de Educación.

Tras su entrada en vigor, se aplicarán las modificaciones relativas a la participación y competencias del Consejo Escolar, el Claustro y de los directores de centro; la autonomía de los centros docentes; la selección del director en los centros públicos, y la admisión de los alumnos. Pero, si los procesos relativos a la selección del director y la admisión de los estudiantes se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor, se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse, es decir, por la LOMCE. El resto de las nuevas normativas se irán aplicando de forma escalonada.

Según especifica la Ley, al inicio del curso 2021-2022 se implantarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas; las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de Grado Básico y Bachillerato; la titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza; y las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

Las modificaciones que recoge son las siguientes: el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo, o la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros públicos. La LOMLOE incluye la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general, o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como "lengua oficial del Estado", así como la consideración de "lenguas vehiculares" tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales. El Ejecutivo de coalición recuerda que el castellano no quedó plasmada como una lengua vehicular en la enseñanza hasta la 'Ley Wert' de 2013.