EFE
El Partido Popular ha presentado en el Senado una propuesta para modificar el Código Penal, permitiendo a los propietarios, incluso en Ceuta, cortar los suministros de agua, luz y gas en inmuebles ocupados sin que esta acción sea considerada delito de coacciones.
La medida se someterá a votación este miércoles y busca ofrecer una vía legal directa para que los afectados puedan recuperar sus propiedades de manera más rápida.
El PP señala que los casos de usurpación y allanamiento de morada han aumentado en España, especialmente en Cataluña, donde se concentra casi la mitad de las denuncias.
Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias, un 7,4% más que en 2023. Cataluña contabilizó 7.009 denuncias, seguida de Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451).
En su escrito al Senado, los populares sostienen que “pese a que desde el Gobierno lo cataloguen como ‘bulo’ o ‘desinformación’, nuestro país tiene un problema con los okupas mientras las medidas que llegan desde el Gobierno siguen siendo insuficientes”.
La reforma se apoya en un fallo reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona, que determinó que los propietarios “no tienen obligación de mantener el alta de los suministros de dicho inmueble” y que cortar los servicios en una vivienda ocupada ilegalmente “en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones”.
El PP pretende que esta seguridad jurídica se aplique en todo el país, evitando que los propietarios asuman el coste de suministros para no infringir la ley. Hasta ahora, si la ocupación se consolidaba, cortar los servicios podía considerarse una violación de los derechos de los ocupantes.
El Ejecutivo ha minimizado la alarma social. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó: “¿Usted se cree que si de verdad hubiera un problema de okupación las aseguradoras nos regalarían el seguro antiokupa con el seguro del coche? Hay más riesgo en perder el móvil que de que te okupen la casa”.
La propuesta será votada en el Senado este miércoles, día 19. Con la mayoría absoluta del PP, se espera su aprobación. Posteriormente, la reforma deberá pasar por el Congreso, donde Junts o el PNV podrían jugar un papel decisivo.
La iniciativa ha generado debate político y social. Los defensores argumentan que protege los derechos de los propietarios y agiliza la recuperación de inmuebles.
Sin embargo, los críticos alertan sobre posibles abusos y vulneración de los derechos de ocupantes en situaciones de vulnerabilidad.
En cualquier caso, la propuesta pone de relieve la tensión entre propiedad privada y ocupación ilegal y abre un frente legislativo que promete intenso debate en las próximas semanas.
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