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La legalización de una casa rural en la carretera del pantano, denegada

Fomento desestima conceder la licencia porque la construcción excede la edificabilidad y genera vertidos al Arroyo del Infierno

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha denegado la licencia de obra mayor solicitada para legalizar una edificación destinada a casa rural y garaje en una urbanización ubicada en la carretera del pantano, por incurrir en múltiples irregularidades urbanísticas y medioambientales.

La resolución, firmada por el Consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez Hurtado, ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El expediente sobre esta casa rural afecta a dos parcelas de dicha urbanización, cuya propiedad figura a nombre de una cooperativa. Según detalla el BOE, la solicitud fue presentada para legalizar una construcción ya ejecutada de tres plantas de altura, con un garaje en semisótano y uso de hospedería en las plantas superiores.

Exceso de edificabilidad y vertidos no autorizados

Entre las causas que motivan la denegación de la licencia a esta casa rural, los servicios técnicos municipales han detectado un exceso de edificabilidad de más de 81 metros cuadrados sobre lo permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor desde enero de 2024.

Además, las canalizaciones de aguas residuales y fecales están vertiendo directamente sobre el Arroyo del Infierno, un cauce protegido dentro del Dominio Público Hidráulico, sin contar con la debida autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El informe técnico desfavorable, fechado el 26 de marzo de 2025, alerta de que las obras de esta casa rural están invadiendo zonas de servidumbre, rotura de presa, inundabilidad y flujo preferente, lo que implica riesgos medioambientales graves. También se hace mención a malos olores y la proliferación de plagas (roedores e insectos) en zonas residenciales colindantes debido al vertido ilegal.

Una historia de expedientes sin resolver desde 2010

La resolución publicada en el BOE recoge una larga secuencia de expedientes urbanísticos iniciados desde el año 2010, todos ellos relacionados con la misma parcela. Durante más de una década se han solicitado diversas licencias de parcelación, movimiento de tierras, cimentación y proyectos reformados para vivienda y garaje, sin que se hayan subsanado completamente las deficiencias señaladas por los técnicos municipales en cada fase.

En 2023 y 2024, se volvieron a presentar solicitudes de legalización de obras ya ejecutadas para esta casa rural, pero los informes seguían siendo negativos por la falta de documentación, errores en la memoria descriptiva, planos desactualizados basados en el antiguo PGOU de 1992 y por contener elementos propios de un proyecto de obra nueva en lugar de legalización.

Urbanización inacabada y posibles sanciones

A todo esto se suma que las obras de urbanización del entorno no están finalizadas, ya que no consta el certificado final de obra. Según la normativa urbanística, para legalizar una edificación, la parcela debe estar completamente urbanizada. Además, la documentación aportada omitía aspectos clave como el reportaje fotográfico y el estado actual de mediciones y presupuesto.

El expediente ha sido remitido a distintas unidades administrativas, entre ellas la de Disciplina Urbanística (LODIU), para que evalúe la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador por obras no legalizables ejecutadas sin licencia. También se ha trasladado el caso a la Guardia Civil y a la Delegación de Costas, ya que la parcela se encuentra en la zona de influencia del litoral.

Recursos y vía judicial

La resolución publicada en el BOE agota la vía administrativa, pero el titular de la solicitud aún puede interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa en un plazo de dos meses.

Este caso evidencia el control que ejerce la administración de Ceuta en materia de urbanismo y la firmeza con la que actúa ante posibles irregularidades. En particular, resalta el impacto medioambiental de construcciones que no solo incumplen la normativa urbanística, sino que afectan al dominio hidráulico protegido, como ocurre con el emblemático Arroyo del Infierno.

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