El 13 de agosto del año pasado la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma iniciaron, de común acuerdo con el Ministerio del Interior español y las autoridades marroquíes, una operación de retorno asistido de los menores extranjeros no acompañados que permanecían desde mayo hacinados en distintos equipamientos acondicionados de urgencia por la crisis migratoria desatada entonces, que devino en humanitaria. Doce meses después, la institución y la plaza de los Reyes acumulan varias sentencias en contra por la vía administrativa y la delegada y la vicepresidenta de la Ciudad enfrentan diligencias penales como investigadas. El intento de devolver a los menores que no habían sido identificados como perfiles vulnerables se realizó en base a un Acuerdo bilateral de 2007 que Marruecos jamás había aceptado poner en práctica, aunque su posterior empeño en hacerlo al ralentí, así como en complicar todo lo posible el reencuentro de los niños que deseaban volver con las familias que anhelaban su retorno apunta a que no obró con lealtad. Tampoco lo ha sido mucho el departamento de Fernando Grande-Marlaska, que en cuanto vio las orejas al lobo judicial alegó que simplemente había “rogado” y no ordenado la ejecución de devoluciones sin seguir el procedimiento prescrito en la Ley de Extranjería, a la que la Ciudad accedió someterse en cuanto recibió las primeras medidas cautelares en contra. El Ejecutivo local sigue siendo fiel a su posición y acompaña a la Delegación en su recurso administrativo al Supremo mientras Mateos y Deu cargan con una acusación que de ninguna manera les corresponde en solitario. Quienes avalaron la ejecución de aquel procedimiento, irregular hasta ahora a ojos de la Justicia por mucho que su propósito buscase mejorar la situación de Ceuta y los niños, debe ser corresponsable del mismo hasta las últimas consecuencias y no escurrir el bulto.