Aunque en un principio estaba prevista para la mañana de ayer la celebración de un juicio en la sala de lo Penal número Uno en el que se le imputa a un hombre la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, finalmente quedó suspendido al no comparecer varios testigos que pudieran resultar claves para esclarecer el caso. De tal modo, habrá que esperar para saber si el hombre, cuya identidad responde a las iniciales J.H.P.B., es culpable de los cargos que se le imputan, como así entiende el Ministerio Fiscal, que solicita para el acusado una pena de prisión de cuatro años (dos por cada delito) así como que indemnice a la Hacienda Pública Estatal en 1.057.294,14 euros, cantidad que estima que defraudó al fisco.
Además, el Ministerio Fiscal pide que pague dos multas, una por cada delito contra la Hacienda Pública, la primera de 2.111.991 euros y la segunda de 4.231.772. Respecto a los hechos es preciso remontarse a la época en que el llamado J.H.P.B. actuaba como presidente y administrador de la Asociación Benéfica y Católica ‘Obreros de la Cruz’, una entidad que nació con el objeto principal de prestar asistencia y servicios sociales a disminuidos y que su carácter solidario la eximía de abonar IVA alguno.
