La UPR del Cuerpo Nacional de Policía tuvo que echar horas extra esta semana para agilizar dos desalojos consecutivos de okupas en las viviendas de Loma Colmenar y las construidas al lado del Hospital. Un fenómeno que no es nuevo, ya que se ha convertido en un problema contra el que tiene que luchar no solo Emvicesa sino también las propias fuerzas de seguridad, obligadas a garantizar que esos desalojos se llevan a buen puerto.
En ambos casos la situación no fue nada fácil de controlar y hasta bien entrada la madrugada no se consiguió que las viviendas de protección oficial ocupadas de forma ilegal fueran deshabitadas, tal y como ya informó este medio en anterior edición. Hubo intervención de un arma blanca y heridos leves debido a los enfrentamientos provocados entre familias.
Este tipo de situaciones esconde una realidad que hay detrás: no solo la de la facilidad con la que los okupas terminan colándose en cualquier vivienda que, saben, está deshabitada, sino también el hecho de que se produzcan alquileres fantasma que no son más que prácticas fraudulentas que esconden una picaresca no permitida. El beneficiario de esa vivienda termina cobrando un dinero por permitir a otros que residan y, cuando sospecha que puede ser inspeccionado por el Área de Vivienda, simula ser víctima de la presión de los okupas.
Toda esta situación no es ajena a Emvicesa, que dispone de un servicio de inspección que se encarga de controlar el estado de las VPO, si han sufrido cambios en forma de obras ilegales y si están siendo habitadas por personas que han conseguido tenerlas vía patada en la puerta.
