La memoria del Defensor del Pueblo vuelve a dar protagonismo a uno de los asuntos que mayor polémica generó en materia migratoria: las tarjetas amarillas y la posibilidad que tenían los inmigrantes de, con ellas, poder viajar a la península. La Institución pone de manifiesto el error cometido en los controles policiales aplicados, y avalados en su día por la administración central, y se posiciona a favor de sentencias dictadas por el TSJA favorables a la libertad de movimientos de aquellos solicitantes de asilo a los que los funcionarios policiales prohibían el embarque. Como sucede en asuntos de calado burocrático, los consejos o advertencias del Defensor llegan tarde y además su efectividad queda siempre en cuarentena. Frase políticamente correcta que significa que al Defensor la administración central no le hace puñetero caso. Pasa en esto de la inmigración y pasa en otros asuntos. Creo que el resto de ciudadanos es el que le da cierta credibilidad o acostumbra acudir a esta instancia para pedirle apoyo, a sabiendas de que el mismo llegará en forma de recomendación tardía.
Tras un verano de convulsiones migratorias, provocadas por la mala praxis policial y por las lagunas que en materia legislativa siempre y curiosamente afectan a Ceuta y Melilla, tenemos ahora una respuesta del Defensor y otra del TSJA asegurando que con dichas tarjetas amarillas se les tenía que haber permitido el tránsito a la península. ¿Qué pasa?, que como siempre la respuesta llega tarde ya que cuando quiere aplicarse los afectados o no están o ya no reciben la tarjeta amarilla sino la roja. La administración va delante y actúa a su criterio, sin importarle si durante meses se ha estado burlando un derecho ahora reconocido por los tribunales y amparado por el Defensor.
Hay casos en los que me da por pensar si justicia, administración y entidades no se dan realmente la mano para unirse en el trato que dan a determinados asuntos. No debe ser así por la mera independencia judicial en la que todos deberíamos creer, a pesar de los palos y los bochornos que nos hace soportar, con demasiada frecuencia, la autoridad judicial. En el caso de marras al Estado no le interesaba que subsaharianos con solicitud de asilo admitida circularan libremente, cumpliendo nada menos que una ley ideada por ellos mismos. Como no le interesaba aplicó el juego del gato y el ratón burlándose de los derechos de quienes sólo pueden responder con apoyo de oenegés o a cartonazo limpio, como hicieron, aunque adoptando una vía equivocada.
¿Qué respuesta se da ahora a esos inmigrantes a los que no se respetó su derecho? Ninguna, como tampoco se les da a los que a finales de los noventa eran expulsados por la valla, sin reparar si se trataba de embarazadas o familias al completo cometiendo auténticas tropelías que nunca fueron justificadas. ¿Ahora dónde están? Como siempre llegamos tarde.
