La inoperancia, la desidia, la ineptitud, el desmérito, la incapacidad, la negligencia, la necedad y, lo que es peor, la falta de aptitud de los responsables del Gobierno parece no tener límites.
Imagínense ustedes una ciudad fronteriza como Ceuta que necesita un nuevo hospital y decide construirlo precisamente junto a la frontera.
Imagínense que necesita también un nuevo cuartel para la Guardia Civil y que los terrenos adquiridos se encuentran en Las Heras, en el extremo opuesto de esa frontera, de manera que, en caso de necesidad, sus efectivos tendrán que atravesar la ciudad y cruzar los dos únicos puentes que comunican el sector continental con el istmo y el Hacho.
Imagínense una ciudad en la que un ciudadano residente en el Sarchal necesita una ambulancia y esta tiene que atravesar toda Ceuta desde su base de operaciones en el hospital para recogerlo y, después, volver a recorrerla en sentido contrario para trasladarlo hasta Loma Colmenar.
Imagínense ahora que se produce una crisis provocada por el asalto masivo de marroquíes a la frontera —a quienes durante años se ha insistido en llamar simplemente inmigrantes— y que, en lugar de habilitar espacios alejados del núcleo urbano, se decide alojarlos en instalaciones situadas dentro de la ciudad y próximas a algunos de sus puntos más sensibles: la desaladora, el pantano, los depósitos de combustible y la central eléctrica.
Y todo ello cuando existen alternativas. El antiguo CETI, la K-8 y terrenos del polígono del Tarajal permiten disponer de más de 30.000 metros cuadrados fuera del núcleo urbano, superficie suficiente para habilitar instalaciones provisionales y organizar separadamente a las personas acogidas según su procedencia, situación administrativa y necesidades de gestión. No parece especialmente sensato concentrar a miles de personas, todavía sin identificar en muchos casos, en las proximidades de infraestructuras esenciales para el funcionamiento de Ceuta.
Imagínense un Gobierno que no establece un sistema eficaz que permita mantener controlados los desplazamientos de quienes acaban de acceder irregularmente a territorio nacional mientras se procede a su filiación, identificación y reconocimiento sanitario y que, entretanto, permite que deambulen libremente por la ciudad sin haber completado previamente esas actuaciones.
Imagínense, finalmente, un Gobierno que envía a sus soldados a intervenir en una situación de riesgo sin que estos dispongan de unas reglas de enfrentamiento claras que determinen con precisión qué pueden hacer, cuándo pueden hacerlo y hasta dónde pueden llegar. No estamos hablando de una posibilidad puramente teórica: ya han sido atacados dos vehículos militares. Todo mando sabe que enviar a sus hombres a una situación potencialmente conflictiva sin dejar perfectamente establecido su marco de actuación no es protegerlos: es exponerlos.
No puedo asegurar que este Gobierno sea cómplice de todo lo que está ocurriendo en Ceuta, porque una acusación semejante exige pruebas. Pero sí puedo pedir a toda la oposición que empiece de una vez a llamar a las cosas por su nombre, que exija las responsabilidades políticas que correspondan y que, si entiende que la dejación de funciones ha traspasado la frontera de la responsabilidad política para entrar en la jurídica, acuda a los tribunales. Porque gobernar no consiste solamente en tener competencias: consiste también en ejercerlas. La incompetencia también tiene límites.
Porque cambiar el nombre de las cosas no las modifica. Por mucho que nos empeñemos en llamar escort a una puta, seguirá siendo una puta, solo que en el inglés de Shakespeare. Y por mucho que llamemos lobista a quien compra voluntades políticas, si las compra no es un lobista: es un corruptor.
Naturalmente, habrá que demostrar quién compra, quién vende y a cambio de qué. Pero tampoco podemos comportarnos como si estuviéramos hablando de una fantasía. En Europa se han investigado graves irregularidades relacionadas con redes de influencia vinculadas a Marruecos con españoles implicados. Y precisamente por eso hay que exigir transparencia absoluta sobre sus relaciones con quienes ocupan cargos públicos: quién habla con quién, en representación de qué intereses, qué contraprestaciones existen —si existen— y qué decisiones políticas se adoptan después.
Se nos dirá que los lobbies son legales. Puede ser. Pero legalidad y moralidad no son sinónimos. A mí me parece profundamente inmoral que intereses de un Estado extranjero puedan tratar de condicionar a quienes representan a los españoles. Y si, además de influir, alguien compra una voluntad y otro la vende, ambos deberían quedar para siempre fuera de cualquier responsabilidad pública.
Por eso echo de menos a una oposición que pregunte, investigue y exija explicaciones. Una decisión equivocada puede ser incompetencia. Dos también. Incluso tres. Pero cuando las decisiones incomprensibles se acumulan y, casualmente, sus consecuencias parecen caminar siempre en la misma dirección, los ciudadanos tenemos derecho a formular una pregunta bastante menos cómoda:
¿Dónde termina la incompetencia y empieza la intencionalidad?
No afirmo que exista esa intencionalidad. Afirmo que, a estas alturas, tenemos derecho a exigir que se nos explique por qué tantas decisiones difícilmente comprensibles terminan produciendo consecuencias igualmente difíciles de comprender.
Y mientras nadie sea capaz de ofrecernos una explicación convincente de lo que está ocurriendo en Ceuta, permítanme terminar como empecé:
¡DIOS MÍO! ¿EN MANOS DE QUIÉN ESTAMOS?
