Las narcolanchas y el Informe 109, por Juan Amado

“Para AEGC es indispensable que se cree un Juzgado específico para los delitos relacionados con el tráfico de drogas y contrabando”

Hace unos años Francisco Muñoz y el que escribe nos reunimos con dirigentes políticos del Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español para pedir medios para acabar con el narcotráfico en el Estrecho.

Fueron  años muy duros, porque los guardias civiles de Ceuta sufríamos la violencia de estas organizaciones criminales con la intención de amedrentar a los agentes y sus familias. Nos quemaban nuestros coches en la puerta de nuestros domicilios y los delincuentes no dudaban en agredir o enfrentarse a los agentes.

En una de las reuniones le presentamos un documento a la diputada Carmen Romero y al senador Carracao, ambos del Partido Socialista Obrero Español, en el que le expresábamos la necesidad de prohibir las narcolanchas como unos de los pasos más importantes para poder hacer frente al trasiego de embarcaciones que salían del puerto deportivo de Ceuta para traficar con drogas. Era vergonzoso ver salir con toda legalidad unas  embarcaciones que iban a cargar droga en Marruecos para poner rumbo a la península.

También nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, al que le hicimos entrega de un informe sobre el narcotráfico, que después fue conocido como el informe 109. Dos personas tuvieron ese informe, Carmen Echarri, la directora de El Faro de Ceuta y José Chamizo, Defensor del Pueblo.

Sin embargo, no sabemos el motivo por el que el ex-delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, presumía de tenerlo, aunque teníamos la certeza de que no lo tenía y que nunca lo había tenido. El informe apuntaba sobre lo que estaba pasando en Ceuta, no sólo con las narcolanchas, también con la falta de respuesta a este tipo de delitos y a la sumisión social ante esta actividad.

Han tenido que pasar casi veinte años para que el Ministro del Interior anuncie que se van a prohibir las narcolanchas mediante un Real Decreto. Una medida que ya habían tomado las autoridades de Gibraltar para acabar con el contrabando de tabaco. Una disposición acertada, pero no la única si queremos acabar con este sucio negocio, como apuntábamos en el llamado Informe 109.

Los guardias civiles de La Línea y Algeciras vienen padeciendo lo que pasamos los guardias civiles de Ceuta hace veinte años. La Asociación Española de Guardias Civiles ha pedido un despliegue de más guardias civiles en la zona para luchar en el lugar del desembarco contra estas organizaciones. Una de las medidas que apuntábamos en aquella época. Más guardias civiles y más medios materiales, además de considerar la zona como de especial relevancia para conseguir un nuevo destino a los compañeros que prestan servicio en estos puntos conflictivos.

Para AEGC es indispensable que se cree un Juzgado específico para los delitos relacionados con el tráfico de drogas y contrabando. Se trata de garantizar una mayor respuesta en el ámbito judicial para no perpetuar las causas contra los responsables de estos delitos. Además de la necesidad de reforzar los equipos que investigan los delitos de blanqueo de capitales que están directamente relacionados con el tráfico de drogas. Y, por supuesto, que cada narcolancha decomisada sea retirada y destruida para evitar su uso nuevamente.

Hablaba que los guardias civiles del Campo de Gibraltar están pasando lo mismo que los guardias civiles de Ceuta en aquellos años. Una sola cosa diferencia lo sucedido en ambos lados del Estrecho. Una que marca la diferencia y, no es otra, que los  ciudadanos del Campo de Gibraltar se han manifestado con guardias civiles y policías para apoyar a las Fuerzas de Seguridad y pedir más medios para combatir el narcotráfico en esa zona. Han ganado la primera batalla. Eso no pasó en Ceuta y, la verdad, lo echamos de menos.