El escenario de una Administración que paga por un servicio un dinero que acaba extraviándose en las cañerías del sistema y no llegando “al eslabón más débil” de la cadena, el trabajador” se repite. Fue el caso de los empleados de las ambulancias del INGESA. Es el de los teleoperadores del 061. Fue el los trabajadores peninsulares de una ristra de subcontratas de ‘Vías’ en Loma Colmenar que, en los casos más dramáticos, llegaron a sobrevivir a costa de la solidaridad de algunos hosteleros antes de hacer las maletas y volver a cruzar el Estrecho.
En ninguna de las crisis, con diferentes empresas de por medio, se ha demostrado que la Administración faltase a sus obligaciones económicas. Sin embargo, el secretario de Organización de CCOO, Ramón del Valle-Inclán, considera que el sector público n deja de ser, en último término, la “responsable principal”.
“Desde hace tiempo venimos observando una relajación de la responsabilidad vigilante sobre los servicios u obras que externaliza por parte de la Administración, que actúa como si al hacer una adjudicación se librase de cualquier responsabilidad, algo inaceptable porque debe seguir velando por el cumplimiento del contrato para que se preste en las mejores condiciones y para que el eslabón más débil de la cadena, el trabajador, no termine siendo el perjudicado”, argumenta el sindicalista.
Desde su punto de vista, los impagos a las plantillas y la corrupción política son las dos caras de esa “misma moneda” que identifica en “la supresión de los mecanismos de autocontrol que antes sí tenía y utilizaba la Administración Pública”.
“Antes se exigían muchas más garantías a las contratistas para evitar que la responsabilidad subsidiaria acabase recayendo, por cualquier incumplimiento, en la Administración, pero por el camino se ha ido reduciendo la capacidad de la Intervención y nos hemos encontrado”, lamenta, “con este desmadre desregulado que ha dado pie a todo tipo de tropelías en forma de contratos licitados bajo precio, complementarios, modificados y comisiones”.
Por ello, el secretario de Organización de CCOO en Ceuta señala que “un Gobierno tan aficionado a introducir cambios legislativos, también en materia laboral, debería dotase de los instrumentos necesarios para poder rescindir un contrato a la mínima señal de incumplimiento que se detecte, más cuando los trabajadores y la ciudadanía salen perjudicados por empresas a las que está pagando con fondos públicos, y no tener que escuchar a los políticos que tienen las manos atadas para hacer algo”.
