La lucha que, desde hace unos meses, viene desempeñando la Consejería de Fomento en materia de erradicación de construcciones ilegales, no se queda únicamente en la demolición de las edificaciones que no cumplen con la normativa vigente o el realojo de los habitantes, en caso de que los hubiera, de estas viviendas.
La acción emprendida por el área en cuestión está acompañada por fuertes sanciones a los infractores. La multa mínima a imponer es el resultado de la valoración de la obra realizada por un técnico de la Ciudad. “La sanción está prorrateada, depende de cómo se valore la construcción. No es lo mismo aplicar una sanción sobre un forjado que sobre un edificio de tres plantas”, asegura el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel.
Así, y una vez acometida esta valoración, el procedimiento establece aplicar la sanción en base a un 20% como techo máximo de la cuantificación de las construcciones irregulares, rondando las multas mínimas sobre los 6.000 euros.
Doncel ha sido contundente a la hora de explicar que la Ciudad “va a sancionar” a los infractores en materia de urbanismo. La última de las sanciones impuestas, una de las más fuertes se aplicó a una vivienda en la barriada de San José, con una multa cifrada en 90.000 euros.
Hasta la zona de Benzú también ha llegado la mano de la Consejería, donde ya se han impuesto algunas sanciones a los responsables de edificaciones ilegales. El responsable del área de Fomento apunta a la colaboración, en este tipo de casos, con el Ministerio de Medio Ambiente, cuando se trata de terrenos de dominio público marítimo-terrestre. “A veces han solicitado nuestra colaboración en la recuperación de parcelas en Benzú y San Amaro y en lo que respecta a esta recuperación del terreno hay que ir de la mano”.
Colaboración
Para Doncel la postura en este tipo de colaboración entre administraciones es clara. “No podemos permanecer impasibles”, aunque en la agilidad de las demoliciones la Consejería se encuentra con un importante escollo, “estamos a expensas de la capacidad de realojo que tenemos, no podemos demoler y dejar a la gente en la calle”.
Ejemplo de dicha cooperación entre Ciudad y Estado se encuentran las demoliciones en Miramar-Chorrillo, donde se concentraban todos los aspectos necesarios para llevar a cabo una actuación conjunto. “Eran zonas de dominio público, con viviendas fuera de la ordenación urbanística, sin titularidad y con la presencia de obras ilegales” .
Tramites
Sanciones
La sanción varía en relación al tipo de construcción. Aunque se han llegado a imponer multas de hasta 90.000 euros en el caso de una vivienda ilegal en la barriada de San José, las sanciones mínimas rondan en torno a los 6.000 euros.
Techo máximo
Los técnicos de la Consejería de Fomento elaboran informes para cuantificar el coste de la edificación. El techo máximo sancionador se establece en el 20%.
Realojo
Uno de los escollos con los que se encuentra la administración a la hora de imprimir mayor agilidad a la demolición de las construcciones irregulares es la escasez de viviendas de protección oficial para realojar a los habitantes de estas edificaciones.
Cooperación
Ministerio de Medio Ambiente y Ciudad, a través de la Consejería de Fomento, colaboran en ocasiones para acometer la recuperación de parcelas de dominio público marítimo-terrestre.
