Están representadas Centro, Santiago Apóstol, Miramar Alto, Erquicia y Manzanera

Cinco presidentes de barriadas serán los encargados de entrevistarse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, si el mismo al final atiende el documento firmado por más de 50 máximos responsables de asociaciones de vecinos que en la mañana de ayer se entregó en el registro de la Ciudad Autónoma.

Esta comisión está formada por Blanca Vallejo, presidenta de la Asociación del Centro; José Ramos, presidente de Miramar Alto; Francisco García Segado, presidente de Manzanera; Francisco Amador, presidente de Santiago Apóstol y Miguel Ayora, presidente de Enquicia.

Con esos más de 50 presidentes que han rubricado el escrito suponen más del 80% de los máximos responsables de barriadas que actualmente en nuestra ciudad son 64. Ahora estarán a la espera de que el jefe del Ejecutivo les comunique día y hora para reunirse con ellos, porque de lo que sí están seguros es de que Vivas intentará por todos los medios solucionar el problema que tienen una gran parte de las asociaciones de vecinos, precisamente las que han solicitado ayudas dentro de las subvenciones que entrega cada año el Ayuntamiento.

Con este movimiento, ha quedado demostrado que la comisión que se creó la semana pasada después de la última reunión de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos no ha servido para nada, dado que pretendían entrevistarse con la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y no han tenido ningún encuentro con la misma.

Estos presidentes recurren al jefe del Ejecutivo porque señalan en su escrito que encuentran escasa clarIdad en la FPAV en relación con las gestiones que se han estado haciendo para el cobro de la subvención. A fecha de hoy, cuando nos encontramos en el último día del primer mes de 2017, no han percibido el pago correspondiente al año 2016 ni tampoco les han aclarado nada sobre las justificaciones que se deben presentar debe 2015. Lo que temen es que al final no cobre, haya que devolver lo de 2015 en algunos casos y les sancionen con cinco años sin poder convenir con el Ayuntamiento.