Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Esto es lo que dice el artículo 47 de la Constitución Española de 1978. No es necesario apuntar a que la realidad es muy diferente a la formalidad escrita. Pese a lo dictado por nuestra ley de leyes, el gobierno del PP no ha sido capaz de garantizar el derecho a la vivienda digna. No olvidamos que tanto PP como PSOE se vanagloriaban de que España construía más pisos que Alemania, Francia e Italia juntos, un disparate que nos ha conducido a la situación actual: miles de personas sin casa y millones de pisos vacíos en manos de las entidades financieras. Cuando desde Podemos hablamos de blindar los derechos sociales nos referimos a que una cuestión como el derecho a una vivida digna debe tener el mismo peso en la Carta Magna que los derechos civiles y políticos, esto es, que el Gobierno de turno debe tener la obligación por ley, no ya de “promover las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de tal derecho”, sino de garantizarlo, algo que podría hacerse, por ejemplo, a través de la seguridad de una alternativa habitacional en caso de desahucio o del blindaje de un porcentaje del PIB destinado a este tema en la Constitución. En nuestra ciudad hemos asistido a como el Gobierno local ha hecho hincapié, en multitud de ocasiones, en las viviendas construidas de forma irregular. En lugar de apuntar a las causas que producen que tantas personas se vean obligadas a “buscarse la vida” de esta forma, optan por su criminalización, una forma burda y censurable de esconder las vergüenzas de un Ejecutivo incapaz, por ineptitud o desidia, de cumplir con la legalidad, con la labor de que todos los ciudadanos bajo su responsabilidad puedan acceder a una vivienda de calidad. Esta situación debe terminar. Y para nosotros es una prioridad que así sea.
