Fomento resalta en dicho informe lo positivo de la ‘acción-reacción’, es decir, se ha notado que una vez que se ‘han apretado las tuercas’, una vez que se ha visto una acción contundente en el derribo de viviendas ilegales, se ha frenado, en parte, la construcción indiscriminada que estaba terminando por desdibujar barriadas enteras.
Entre los factores que están influyendo en que esa construcción ilegal no avance de forma tan acelerada están la construcción de nuevos viales o el cerco que se está imponiendo en los puntos susceptibles de modificaciones al margen de la ley. Basándose en los estudios realizados por Prointec –la empresa encargada de la redacción del PGOU–, Fomento ha detectado que el incremento de obras ilegales no es tal, sobre todo en relación al volumen demográfico de personas que ha soportado la ciudad en ese mismo periodo.
Entre el grueso de viviendas analizadas por el Área, se encuentran las que se incluyen en el grupo de legalizables, tras haberse cumplido el expediente abierto en su día, y las ilegalizables porque el expediente ni ha prescrito y porque, además, están ligadas a la práctica de un delito de ordenación del territorio. De estas últimas, en torno a las cuales solo cabe la adopción de derribos y demoliciones, una treintena está situada en zonas bajo competencia de la Ciudad Autónoma, mientras que 130 se encuentran en lugares competencia de la administración central, al afectar a costas o zona marítimo terrestre.
Fomento se ha encargado de hacer el ‘barrido’ oportuno para perfilar el dibujo real y auténtico de las obras que hay en Ceuta, concretando cuáles de ellas pueden optar a cobrar visos de legalidad y, por tanto, beneficiarse de la consecución de suministros básicos en condiciones, tanto de luz como de agua.
En esta labor se han cruzado los datos que, en materia de disciplina urbanística, obraban en poder de la Consejería desde 2008 hasta la actualidad. En el estudio realizado por la consultora Prointec para el PGOU se hacía constar la existencia de 442 viviendas entre ilegales y las construidas fuera de ordenación. En estos últimos tres años el volumen ha aumentado hasta 515; es decir, el aumento ha sido de 73 viviendas en un periodo en el que la presión demográfica ha sido mayor. Fomento considera que además de la propia concienciación ciudadana y la colaboración prestada por las asociaciones de vecinos, también ha sido clave la actuación llevada a cabo en barriadas para evitar una expansión ilegal que, ahora, choca con viales e infraestructuras que lo impiden.
La barriada más afectada por las construcciones ilegales es la del Príncipe Alfonso, con 208, seguida muy de cerca por Pasaje Recreo, con 68, barriada ésta cuyo caos urbanístico ha merecido que la Ciudad ponga en marcha un plan especial para frenarlas. En el Recinto hay registradas siete viviendas, en Benzú 22 y en campo abierto (zonas verdes con obras que son ilegalizables) hay 30. En dominio público terrestre hay 180.
“Los datos fehacientes que tenemos son dos, por un lado el trabajo de campo que hicieron en su día los redactores del PGOU y por otro, con los expedientes que hemos abierto hasta el día de hoy. Ese aumento de puntos ilegales comparado con el de población que ha tenido la ciudad y con la falta de vivienda denunciada no es importante”, sentencia en declaraciones a El Faro la consejera del Área, Susana Román.
La Ciudad se enfrenta al reto de conseguir que Ceuta vuelva a recuperar la normalidad perdida, tarea ésta que viene complementada con la llevada a cabo para detectar el chabolismo, eliminar la infravivienda e identificar las bolsas de fraude que terminan estando detrás de la ocupación de casas e incluso bloques enteros de viviendas.
Delegación y Ciudad colaboran en el plan conjunto de control
Ciudad y Delegación del Gobierno alcanzaron el compromiso de unificar la acción de lucha contra la vivienda ilegal, atendiendo específicamente a la vinculación que ésta puede tener con otro tipo de asuntos como la marroquinización, las bolsas de fraude, la existencia de pisos patera y demás. Tanto Juan Vivas como Francisco Antonio González Pérez hicieron público su deseo de coordinar los esfuerzos de las áreas bajo su competencia para poner coto a un crecimiento desordenado, intentando que las barriadas recuperen cierta normalidad. En esa lucha se encuadra la identificación de las viviendas que no son susceptibles de ser legalizadas y que, tras culminar los expedientes, deberán ser derribadas.
