El gobierno socialista ha puesto en peligro la Sanidad Pública con un agujero de 16.000 millones. El Gobierno socialista dejó el sistema sanitario al borde de la quiebra, con un déficit de más de 16.000 millones de euros. Su negro balance dejó una política sanitaria inestable, impagos a los proveedores, deuda oculta, una nula política sanitaria y descontrol del gasto. Interrumpió la regeneración y la mejora de la Sanidad española mientras Europa afrontaba reformas y adecuaba sus estructuras a la nueva realidad. La falta de liderazgo del Gobierno socialista fomentó, además, la desigualdad entre los españoles en el acceso a las prestaciones sanitarias.
El objetivo de las medidas del Gobierno es garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario después de la nefasta herencia socialista: Se frenan el despilfarro farmacéutico con ajustes equitativos en el sistema ya existente de copago de los medicamentos. El grado de aportación para el pago de medicamentos se establece en función de tres criterios: renta, edad y grado de enfermedad. No pagarán nada los que perciben pensiones no contributivas, los parados sin prestación por desempleo y los que reciben una renta de inserción. Para los trabajadores, se establecen tres tramos en función de la renta.
Se establecen unos controles y requisitos para evitar los abusos del turismo sanitario. Los extranjeros en situación irregular tendrán de plazo hasta el 31 de agosto de 2012 para cumplimentar los trámites legales que les permitirán obtener la tarjeta sanitaria. A estos efectos, a partir de ahora, además del padrón, se pedirá la residencia legal. Los extranjeros que no tengan residencia en España, ya sea porque son turistas o porque residen en situación irregular, no quedarán desasistidos.
Se garantiza una Cartera Común Básica de Asistencia Sanitaria. Así, todos los españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan, tendrán acceso a las mismas prestaciones sanitarias, de la más alta calidad. El objetivo es gestionar mejor la realidad asistencial, impulsar la eficiencia en su aplicación y mejorar la transparencia.
Se asegura la Tarjeta Sanitaria para todos los españoles con independencia de su situación laboral o familiar. Se garantiza el acceso a la sanidad pública, gratuita y de calidad para todos. Las medidas del Gobierno se asientan en la eficacia y la equidad para ofrecer a los ciudadanos una Sanidad universal, gratuita y de calidad.
El Gobierno aprueba una nueva línea ICO de 500 millones de euros para facilitar las exportaciones. Esta medida facilitará que las pymes tengan liquidez a la hora de afrontar sus exportaciones y el cobro de facturas.
El Gobierno protege el comercio exterior en materia de defensa poniendo a España al mismo nivel que la UE en las relaciones comerciales. Hasta ahora, el comercio exterior en materia de defensa se basaba en una relación de empresa a Estado, no de empresa a empresa. En el resto de Europa este tipo de comercio se basa en una relación de Estado a Estado, lo que dejaba a España en una situación de desventaja respecto a los países de nuestro entorno. Esta iniciativa mejorará las exportaciones españolas en materia de defensa y no supone un coste añadido para el Estado.
El gobierno incentiva el crecimiento económico al facilitar la apertura de comercios. El pequeño comercio es un sector clave para el crecimiento de la economía española. El comercio minorista en nuestro país cuenta con un total de 436.496 empresas y 606.131 locales. El sector comercial supone el 5% de nuestro PIB y da trabajo a casi 2 millones de personas en nuestro país. Esta medida de liberalización pretende recuperar el tejido comercial, proteger la actividad de las pymes y la creación de puestos de trabajo.
El gobierno sigue cumpliendo el programa electoral apoyado por la mayoría de los españoles en las urnas. El programa del Partido Popular se comprometía a la sustitución de los controles y licencias previas para el establecimiento de actividades empresariales por mecanismos de control y sanción a posteriori.
Los pequeños comercios podrán abrir sus puertas en 24 horas y la inspección municipal se realizará a posteriori. Con la Ley de Dinamización del Comercio Minorista, el Gobierno simplifica los trámites, sustituyendo las licencias municipales por una licencia exprés. La inspección técnica por parte de los ayuntamientos, que verifica que toda la documentación está en orden, se hará a posteriori. Esta medida está dirigida para comercios de hasta 300 metros cuadrados del sector de la alimentación, textil o servicios.
Esta iniciativa beneficiará a un millón de comercios que en estos momentos operan en España sin la licencia pertinente. Tanto estos establecimientos, como los que ya habían iniciado la apertura de su negocio con el antiguo trámite podrán acogerse al nuevo sistema.
Esta nueva reforma del Gobierno supone una nueva forma de gestión en la que la administración facilita las cosas a los ciudadanos. Esta medida inicia un plan de simplificación burocrática que supone un cambio de mentalidad en la relación entre ciudadano y administración. El Gobierno renueva así su compromiso por el apoyo a pymes y autónomos, principales creadores de empleo en nuestro país. En momentos de crisis, las administraciones deben poner la alfombra roja a los empresarios.
La primera reforma del Gobierno ha sido decir la verdad a los españoles. El Gobierno informa y reforma, pero sobre todo dice la verdad. El Gobierno socialista ha sido el único que ha disfrazado los mayores recortes de la democracia y ocultado durante meses, antes de las elecciones, las verdaderas cifras del déficit. El Gobierno del Partido Popular ha tenido que adaptar sus reformas a la mentira del Partido Socialista Obrero Español, pero siempre desde la transparencia y la verdad a los ciudadanos.
