La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, tiene hoy una cita en el Juzgado para declarar por el conocido como caso Kibesan. Sucede que no estamos hablando de una denuncia presentada por una formación política, por un sindicato, por una persona directamente perjudicada, sino por la autoproclamada Asociación anticorrupción ‘Conciencia Libre’. Porque Ceuta, por ser hasta pintoresca a diferencia con otras ciudades peninsulares, tiene hasta su propia asociación anticorrupción. Una denuncia que se presenta ante la Fiscalía, la cual ante el cúmulo de trabajo existente y los escasos medios que tiene para proceder a una investigación, lo envía de manera inmediata al Juzgado de guardia. Un Juzgado que inicia hoy su primera acción de profundización en el contenido de la denuncia.
Y si los intereses que mueven a esta asociación fueran claros y transparentes como el agua se podría estar de acuerdo o en desacuerdo con la decisión adoptada con Yolanda Bel, pero no más allá. Una asociación anticorrupción que pregona la transparencia y la claridad en los comportamientos públicos, pero sucede que los primeros que permanecen en el anonimato son los integrantes de la misma. Nunca se han presentado en público, lo cual hubiera sido un paso normal y democrático.
Pero sabemos que los intereses de esa asociación, al menos de quienes la encabezan, están viciados desde su nacimiento. Porque a las dos cabezas visibles de esta asociación, tanto a su presidente, Luis María Fernández como a su vicepresidente, Pedro Gordillo, nada más que les mueve la venganza. La venganza hacia la persona de Juan Vivas por haber sido la persona que prescindió en un momento determinado de su colaboración. Del primero como subdirector general de Menores y el segundo como vicepresidente de la Ciudad y consejero de Presidencia. Y saben ambos a la perfección que denunciando a Yolanda Bel, a quien también culpan de pasada de lo que consideran una injusticia cometida hacia sus personas, hacen daño a la figura del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas.
Tanto uno como otro, como cabezas visibles de esa asociación, saben a la perfección que no hay nada delictivo detrás de la actuación de Yolanda Bel en su papel de consejera del área en el caso Kibesan, pero que el envío al fiscal y las consiguientes acciones emprendidas por la Justicia suponen un revuelo mediático que comienza a satisfacer, creen ellos, su terrible sed de venganza. Porque estamos convencidos que desde el Gobierno de Juan Vivas hubo un comportamiento, dentro de la gravedad de muchos actos protagonizados por uno y por el otro, de mirar hacia otro lado para que además del cese no existieran más escándalos añadidos. Desde el Gobierno de Vivas, cuando se produjo la marcha de Gordillo y de Fernández, no se quiso hacer sangre y seguramente que lo podían haber hecho, pero prefirieron correr un tupido velo y, a lo mejor, cargados de razones. Sin embargo, a la inversa, resulta que sin razones, sin nada verdaderamente tangible, buscan esa sangre en forma de denuncia en el Juzgado.
Porque quien es presidente de la asociación, Luis María Fernández, fue condenado por un altercado que protagonizó con un dirigente de Comisiones Obreras, José Antonio Alonso, en un pub del Poblado Marinero. Y por esta causa, junto a otros comportamientos que no se consideraban adecuados, el mismo presidente quiso cesarlo en más de una ocasión, pero no tuvo más remedio que mantenerlo en el cargo contra viento y marea porque le defendía Pedro Gordillo y si cesaba al primero también debía cesar a Gordillo, lo que habría provocado un cisma en el PP de entonces.
Una vez analizada la trama vengativa de las dos cabezas visibles de la asociación, un pequeño comentario para algunos de los integrantes de su junta directiva, entre los que se encuentran varios inspectores policiales, entre ellos el jefe de la Brigada de Policía Judicial. Se entiende que un policía debe perseguir el delito de oficio, no perteneciendo a una asociación y llevando ante el fiscal una denuncia.
Recordamos ahora algunas palabras pronunciadas tanto por el presidente Vivas como por el portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, cuando se produjo la denuncia en el Juzgado. Vivas vino a decir que si tenía que elegir entre la catadura moral de Yolanda Bel y la catadura moral de quienes la habían denunciado (léase Gordillo y Fernández) se quedaba, por supuesto, con la catadura moral de su consejera de Presidencia.
Y un tiempo después fue Emilio Carreira quien dijo que Pedro Gordillo, por supuesto, no era la persona idónea para dar clases de moral, recordando las razones que habían llevado a que presentara la dimisión a finales del año 2009.
