La coalición Caballas de Ceuta ha puesto en marcha una importante iniciativa, consistente en sacar a debate público los temas de mayor interés para la ciudadanía. Para ello recaba la colaboración de especialistas locales de reconocido prestigio y la participación activa de las personas interesadas. El primer debate público y abierto ha versado sobre la Seguridad Ciudadana. Un tema de candente actualidad, dado que en Ceuta
vivimos una auténtica alarma social desde hace tiempo. Es una magnífica y saludable idea, que sin duda ayudará a que sean tenidas en cuenta las propuestas de los que realmente sufren las consecuencias de la mala planificación y las decisiones equivocadas de los gobernantes. Esperemos que el resto de partidos sigan el ejemplo y fomenten debates similares entre los ciudadanos.
Lo que más se han planteado en estas jornadas han sido preguntas. También se han cuestionado verdades y dogmas oficiales. ¿Es Ceuta tan insegura como se dice?. ¿Se aplican las medidas adecuadas para conseguirlo?. ¿Cumplen los medios de comunicación su función de forma correcta para evitar estigmatizaciones innecesarias?. ¿Colaboran los ciudadanos todo lo que deberían?. Evidentemente, la respuesta a estas incógnitas es difícil y complicada. Tanto que hablamos de las mismas bases del concepto de Seguridad en una sociedad democrática. Bases, que cada uno ve de forma diferente, dependiendo del prisma ideológico desde el que lo mire. Veamos.
Como ya he escrito anteriormente, en nuestro país es la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana la que regula el ejercicio de las libertades públicas y la seguridad ciudadana. Como se indica en su exposición de motivos, la protección de estos dos derechos constituye un binomio inseparable, al ser ambos el requisito básico de la convivencia en una sociedad democrática. Esto es lo que garantiza la Constitución Española y lo que constituye el núcleo esencial de nuestro sistema público de seguridad. Bajo estos principios han de actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de autoridades públicas, especialmente las que los dirigen. Pero lo anterior se ha de relacionar con otras dos cuestiones. La primera es el principio de proporcionalidad, que ha de presidir todas las actuaciones públicas. Sobre todo en aquellos aspectos que pueden afectar a derechos de las personas, tales como la libertad o la seguridad. Por otro lado, hay que ser conscientes de que la seguridad ciudadana no puede ser garantizada en su totalidad. No es posible, ni viable, poner un policía en cada esquina. Pero aún así, esto tampoco acreditaría la seguridad íntegramente.
Dicho lo anterior, lo que debemos preguntarnos es si en Ceuta se hace todo lo posible para que se garantice nuestro derecho a la seguridad. A la luz de los acontecimientos que suceden a diario, parece que se podría hacer mucho más. Por lo pronto, quizás una policía de proximidad, o alguna comisaría en las zonas más conflictivas, como reclaman los vecinos, sería lo más adecuado. Los modelos de la economía del delito nos dicen que son más efectivas las medidas preventivas que las punitivas. Es decir, es más efectivo para evitar la comisión de delitos que el posible delincuente tenga la sensación de que se le puede detener, que ser detenido y sancionado. Quizás aquí la Junta Local de Seguridad está llamada a cumplir un papel esencial en la coordinación de los esfuerzos de todas las administraciones, y de estas con los vecinos. Y también la prensa. Aunque para ello se necesita lealtad mutua, transparencia en la gestión de fondos públicos destinados a los medios y sentido común, lo que es contrario al sectarismo.
Pero también se ayuda a prevenir la delincuencia a través de programas atención a las familias más desprotegidas, invirtiendo en educación y sanidad, o reduciendo el paro. Es decir, reactivando la economía. En el caso concreto de Ceuta, ya se planteó con anterioridad que lo primero que deberían preguntarse los responsables políticos es, si se han aplicado correctamente en todas las barriadas planes sociales de atención a los más necesitados, que tuviesen como objetivo claro la integración de todos sus vecinos y el ofrecerles una alternativa de futuro creíble a sus jóvenes. Y al hablar de aplicación correcta, me refiero a planes adaptados a las especiales circunstancias de cada barriada. Por supuesto, esto nada tiene que ver con la puesta en marcha de un plan específico que aborde el problema de las mafias del narcotráfico, o el de los yijadistas.
Todo lo anterior se ha escuchado en estas jornadas. Que los ciudadanos se planteen estas cuestiones es saludable. Aunque, la respuesta oficial a estas preguntas, mucho me temo que habrá que seguir esperándola. Por lo menos hay alguien que se dedica a hacer política de verdad.
