Garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos es uno de los pilares de la ideología conservadora-liberal, y buena prueba de ello son las políticas que ha aplicado el gobierno popular y la transformación urbana y social que Ceuta ha vivido.
Esta garantía pasa por el acceso a una educación y formación libre, completa y de calidad; y una cartera básica de servicios sanitarios que nos permita mantenernos saludables.
No debemos perder de vista que el Estado no es ningún generador económico, al contrario, ha demostrado ser un verdadero Gargantúa engullidor de riquezas, y por tanto no presta ningún servicio gratis. Todo coste que sufraga el Estado ya ha partido previamente de nuestros bolsillos vía impuestos, tasas, o incluso la facturación directa. Por eso, cada vez que alguien dice que la sanidad, la educación o cualquier otro servicio que presta el Estado es gratis, a mí me entran ganas de pedir que nos devuelvan todo lo que ya hemos pagado.
La existencia de un sistema de pago por partes, tanto en la farmacia extra-hospitalaria como en la educación universitaria es algo que siempre ha existido en la España democrática; y siempre ha pesado más la carga en el lado Estatal que en la facturación directa al ciudadano. En el caso de los fármacos llegaba hasta a un 40% directo y en la universidad al 15%. En el resto de Europa, el sistema de pago es de modo similar al nuestro con algo más de carga directa.
Ahora, se nos pide una reordenación del pago en la que los ciudadanos que más tengan, tendrán que pagar un 10% más en farmacia (que en el caso de los pensionistas supone un incremento de menos de 2? al mes para los casos más típicos, y no afecta a las rentas más bajas, ni a las enfermedades crónicas) . Y para los estudiantes universitarios, otro 10% más en matrícula universitaria, con el objeto de garantizar el acceso a estos servicios de los estratos sociales más débiles y más fustigados por la dejadez del gobierno peor valorado de toda la democracia, el socialista de Zapatero.
La medida, como toda medida que toma el Estado, es arbitraria, por supuesto. Pero con ello se garantiza en estos momentos la viabilidad de una sociedad solidaria “sui géneris” por la vía de la obligación.
La propuesta no busca solo reajustar el equilibrio presupuestario que debe compensar los abusos y dilates de un 2011 donde el socialismo nos dejó sin nada. También busca racionalizar el uso de unos servicios básicos del que todos conocemos casos de abusos, penalizando estos.
Este proyecto no es aislado, irá acompañado de otros que prometió el Partido Popular, como son la reordenación de la cartera básica de servicios sanitarios común a todos los españoles, y la restructuración de unos estudios universitarios con más de 50 universidades y una oferta universitaria copiosa que nos aleja de Europa.
