El Presidente de la Ciudad es un virtuoso de la intrascendencia. Maneja el detalle emotivo, la consigna superficial y el espejismo urbano con inigualable maestría. Con ello es suficiente para encandilar a una población que, embargada por un ancestral sentimiento de provisionalidad, es incapaz de otear ningún horizonte más allá de sus intereses individuales, materiales e inmediatos. Sin embargo, la gestión de este Gobierno ante los retos que afectan de un modo determinante al futuro de la Ciudad, es un perfecto desastre. Entre fotos y aplausos estamos dejando pasar un tiempo precioso que, probablemente, nunca podremos recuperar. Ceuta demanda un conjunto de profundos cambios estructurales que no admiten espera, y que son indispensables para redefinir una Ciudad cuyo modelo tradicional está agotado. Son desafíos de una enorme envergadura y complejidad que requieren del concurso de todos. Pero estamos paralizados. Desde hace una década. El Gobierno, en unos casos por su consustancial cobardía y sumisión, en otros por sentirse impotente, y en alguno más por sujeción a oscuros intereses inexplicados, no ha abordado con rigor ni uno sólo de los problemas claves que bloquean nuestro desarrollo. Han sustituido la acción por la propaganda. Y todo cuanto dicen se desvanece en la sima del olvido camuflado de comisiones fantasmas. Como efímeros fuegos de artificio, se lanzan, deslumbran y desaparecen. Así, objetivos esencialmente prioritarios tales como el Estatuto de Comunidad Autónoma, el abaratamiento del transporte marítimo, la modificación del régimen económico y fiscal especial, el nuevo estatus en la Unión Europea, o incluso la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (caducado hace diez años), no han registrado el menor avance. Mientras tanto, el resto de Comunidades, y sobre todo las zonas limítrofes competidoras, evolucionan a una velocidad endiablada dejando a Ceuta petrificada como una reliquia del pasado. El futuro de Ceuta no puede ser una extraña mezcla de presupuestos públicos y economía sumergida, concitados en un confuso hinterland carente de regulación y sustentado en la permisividad, por mor del silencio vergonzante como única respuesta al contencioso soberanista que agita Marruecos.
La irresponsabilidad acompaña siempre al Gobierno de la Ciudad cuando lo sacan de las minucias domésticas. Así se está poniendo de manifiesto en el modo de encauzar la reivindicación de un nuevo estatus para Ceuta en el marco de la Unión Europea. Esta es una cuestión tan necesaria como urgente en orden a la configuración de un nuevo modelo económico (entre otras cosas). La piedra angular de esta iniciativa es la solicitud de integración de Ceuta en la Unión Aduanera. Esta decisión, que encaja cabalmente en los postulados de las instituciones comunitarias, justificaría plenamente la reubicación jurídica y administrativa de Ceuta, siendo el momento oportuno de exponer con argumentos suficientes, el reconocimiento del régimen de región ultraperiférica (o similar), la implantación de una aduana comercial y la aprobación de un plan de desarrollo específico. En lugar de activar este planteamiento, el Gobierno se ha limitado a remitir una petición de auxilio para que, atendiendo a las especiales condiciones de Ceuta, nos sigan mandando fondos de cohesión. Patético. Todas las características alegadas eran sobradamente conocidas y no se adujeron para pedir un tratamiento diferenciado en su día. Lo único que ha cambiado es que ahora, tras quince años recibiendo ingentes cantidades de dinero europeo, hemos quedado excluidos del grupo de las zonas mas necesitadas por el llamado efecto estadístico. Demasiado tosco. La imagen que transmitimos, como siempre, es que Ceuta es una Ciudad insolidaria que sólo busca dinero desaforadamente sin más consideración. Evidentemente, esta propuesta está condenada al fracaso antes de nacer. Más fuegos artificiales.
Lo que se convierte en una de esas incógnitas que desembocan inevitablemente en la sospecha, son las razones por las que el Gobierno se niega a promover la integración de Ceuta en la Unión Aduanera. Desde hace tres años dicen que lo están estudiando. Pero es mentira.
No existe ningún encargo de informe al respecto. Cuando son preguntados dicen que consultarán a los agentes sociales; pero nunca lo hacen. Este tipo de reformas necesitan un periodo de maduración (a veces dilatado). Cuanto más tardemos en empezar el camino más difícil será y más costes sociales tendremos que asumir. ¿Qué intereses privados tan poderosos está protegiendo el Gobierno para mantener hipotecado el futuro de la Ciudad?
