Jorge Fernández Díaz cumplió ayer en Ceuta una apretada agenda de visitas que resumía la intención del departamento que dirige, y del Gobierno central por extensión, de regular dentro de sus posibilidades el complicado laberinto en el que se ha convertido el fenómeno inmigratorio para Ceuta.
El ministro del Interior, de nuevo en la ciudad un año después, tenía como principal objetivo inaugurar la Oficina de Protección Internacional, las instalaciones del paso fronterizo del Tarajal a la que a partir de ahora tendrán que dirigirse los ciudadanos extranjeros que pretendan recibir asilo en España alegando persecución, estar amenazados por cualquier tipo de violencia en su país de origen o huir de un conflicto armado. Ya no habrá dudas ni vacíos legales: quien considere que tienen derecho al paraguas que España ofrece como garante de los derechos humanos y de los convenios internacionales suscritos estará obligado a presentarse allí. Es más, Interior ya ha advertido de que cualquier entrada por la fuerza o violentando el perímetro fronterizo invalida el acogimiento a esa figura de protección por la que, con las cifras en la mano, acaba finalmente optando un número raquítico de quienes pretenden acceder de forma ilícita a suelo español. El ministro llegaba también a Ceuta apenas unos días antes de que, ya con el sello definitivo de las Cortes, entre en vigor la reforma de la Ley de Extranjería, tramitada con la nueva Ley de Seguridad, que avala las llamadas devoluciones en caliente. Y decimos llamadas porque Fernández Díaz, en la entrevista concedida a este medio, insiste en que prefiere el concepto rechazo en frontera. Sus argumentos no admiten regates: reitera que España garantiza de forma escrupulosa los derechos humanos, pero que eso no es incompatible con el ejercicio de la defensa de su soberanía territorial. O lo que es lo mismo, la Guardia Civil, de quien realiza una cerrada defensa –más aún tras los ataques después del 6-F–, está legitimada para entregar a Marruecos a quien opte por asaltar sus fronteras.
