Hubo un tiempo en el que aumentaban las críticas contra la figura del Defensor del Pueblo. No sé por qué -o quizá lo sé pero prefiero no contarlo- se atacaba cualquier recomendación nacida de lo que es toda una institución. Ahora la cosa cambia y, ayudado además por las presiones de las oenegés, las directrices que emanan de esta figura terminan cobrando fuerza. Emiten simples recomendaciones que caen como una seria amenaza sobre las instituciones. Y es gracias a esas recomendaciones como se consiguen avances de peso. Así ha ocurrido en el ámbito migratorio, y así se ha posibilitado mejoras en el trato a los inmigrantes. El Defensor tuvo mucho que ver en que los tiempos de los acogidos en el CETI fueran menores o en la organización y trato que se daba a los residentes. También ha pesado sus advertencias sobre el funcionamiento de los CIE, consiguiéndose lo que ahora apoya hasta el propio Gobierno que antes lo negaba: una atención más social y menos policial, aunque para ello hayan tenido que morir personas.
Los informes del Defensor han resultado más claves aún en el caso de los MENA y las instalaciones que ocupaban, hasta el punto de que el cierre de ‘La Esperanza’ y el tirón de orejas dado por Fiscalía a la Ciudad tiene mucho que ver con las advertencias rutinarias ofrecidas por la oficina del Defensor del Pueblo.
La pregunta que hay que hacerse ante la difusión de informes-balance del Defensor debe ser la de qué ocurriría sin instituciones de este tipo, sin advertencias, sin memorias que tiendan a mejorar lo que, por hacerse de manera rutinaria, entendemos como normal aunque en algunas ocasiones sea toda una barbaridad.
Las críticas políticas y los menosprecios de los poderes que esos frentes políticos manejan sólo obedecen a unos intereses particulares y no a lo que debería aplaudir una mayoría.
