Si el máximo responsable del Ministerio no se aviene a su petición, los sindicatos pedirán a la Justicia que adopte “medidas cautelares” para poner coto a una situación que consideran “manifiestamente ilegal”.
“El Equipo de Orientación con el que contaba Ceuta hasta el mes pasado, cuando el Ministerio decidió desmantelarlo, sí tenía entre sus cometidos la atención a los centros concertados, pero tras su disolución la Dirección Provincial debería haber creado otra unidad de Atención Temprana, como en Melilla, no incurrir en la ilegalidad de poner al servicio de centros privados a funcionarios públicos que deben desarrollar su cometido en los colegios adonde han sido destinados”, ha explicado el presidente de la JPD, Juan Luis Aróstegui.
El secretario general de la Dirección Provincial, Alfonso Conejo, apuntó ayer en declaraciones a este periódico que la instrucción se materializa en términos de “autorización” y no de “obligación”. “Lo que ha hecho el Ministerio”, resumió, “es atender la petición de los orientadores, que solicitaron seguir desarrollando su trabajo en las mismas condiciones que hasta ahora”.
El MECyD publicó a primeros de octubre en el BOE una resolución para “desarrollar la implantación de los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio” en virtud de la cual se suprimió el Equipo general de orientación educativa y psicopedagógica y se adscribió a sus 14 integrantes a diferentes centros de Educación Infantil y Primaria.
La Junta de Personal Docente considera que, a falta del Equipo de atención temprana que sí contempla la Orden de 2010 que guía la reestructuración, los centros concertados deben contar con sus propios orientadores, no incluir entre los cometidos de los de otros centros la atención a su alumnado.
Las claves
Equipo
Atención Temprana. Con la supresión del anterior Equipo general de orientación educativa y psicopedagógica, la ciudad autónoma debería haberse dotado, como Melilla, de un “equipo de atención temprana” que, sin embargo, no se ha formado.
Interpretación
“Manifiesta ilegalidad” o “autorización. El envío de orientadores adscritos ya a colegios públicos a trabajar también un día a la semana en centros concertados es, para la Junta Docente, una “ilegalidad manifiesta”. La Administración defiende, sin embargo, que la instrucción cursada en ese sentido es una “autorización” y no una “obligación”.
La supresión del Equipo general sigue siendo objeto de polémica
FETE-UGT de Ceuta aprobó en su IX Congreso Regional, el pasado jueves, dos resoluciones de urgencia relativas a la remodelación del servicio de Orientación educativa de la ciudad autónoma. En la primera de ellas, los de Francisco Lobato “rechazan” la publicación, la primera semana de octubre, de una Resolución por la que se suprimió el Equipo de Orientación.
A su juicio, dicha decisión incurrió en un “incumplimiento de la legislación vigente” porque “se omitió el obligado proceso de negociación con las centrales sindicales” y porque se vulneró “el plazo establecido por el mismo Ministerio para llevar a cabo dicho proceso. Como argumento añadido, el sindicato citó “los perjuicios que está ocasionando, al realizar este proceso durante el desarrollo del curso escolar”.
Los ugetistas también pusieron en la picota en forma de denuncia “el abandono, por parte de la Dirección Provincial, a la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales tras el desmantelamiento del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica: a los centros concertados le han suprimido los orientadores, con lo cual todos los alumnos con necesidades educativas especiales de la concertada están sin atender”.
Los orientadores deben realizar la evaluación psicopedagógica que se requiera para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado, la adecuada escolarización del mismo, el seguimiento y apoyo de su proceso educativo, el asesoramiento y el apoyo técnico pedagógico al profesorado, así como la orientación y el apoyo a las familias para favorecer un óptimo desarrollo de sus hijos”.
