La Policía Nacional resuelve una estafa realizada por un familiar de la víctima

La Policía Nacional detuvo a una familiar de una mujer que denunció en Comisaría que le estaban exigiendo setecientos euros por parte de una empresa telefónica por dos líneas que ella nunca había dado de alta, como presunta responsable de haber realizado de manera fraudulenta la citada contratación.

La Policía tuvo conocimiento de los hechos el 1 de julio, cuando la víctima presentó denuncia en estas dependencias, dando a conocer que el día anterior su hijo había recibido una llamada en la que se le comunicaba, por parte de un abogado de una conocida compañía de teléfonos, que su madre tenía contraída una deuda con ellos de más de 700 euros. Al saber esto, la denunciante, decide llamar a esta compañía, donde le confirman esta deuda y que pertenece a dos líneas diferentes que había contratado, una en 2012 y otra en 2013. La denunciante les contestó que ella  no había contratado ninguna de ellas y que desconocía quién pudo hacerlo. En esta conversación creía no haber obtenido ningún resultado y que no había servido para nada pero, en realidad, gracias a la misma se obtuvo una muy importante información que posteriormente pudo ser utilizada para que los agentes siguieran la pista de la posible autora.
De esta forma la investigación partió de lo manifestado por la denunciante, constatando que la dirección que aportaba la contratante de las líneas era la misma que la perteneciente a un familiar de la víctima, más concretamente una hija de su prima. Asimismo se pudo comprobar que las fraudulentas líneas de teléfono habían sido aportadas por esta prima en diversos trámites realizados por la misma ante la Administración, llegándose a la identificación plena de E.M.R.O., natural y vecina de Ceuta de 28 años de edad. Los agentes de esta Jefatura Superior de Policía de Ceuta lograron localizarla y detenerla en su domicilio, y aunque en un primer momento reconoció los hechos, añadió que su prima, la víctima, era conocedora de todo y que incluso la acompañó estampando su firma en el contrato, algo que los investigadores sabían que no podía ser posible debido a que la denunciante era analfabeta y ni siquiera sabía estampar su firma en un documento.