Decía la portavoz suplente del Desgobierno del señor Vivas que a partir de ahora “vamos a aplicar a rajatabla la Ley de Contratos del Sector Público, que es lo que hemos hecho siempre, de manera que teniendo este texto legal no parece adecuado que nosotros mismos nos pongamos más cortapisas”
La señora Bel, experta en memoria selectiva, debería explicar a los ceutíes que si siempre han cumplido la ley como ella dice, aunque el “malévolo” Tribunal de Cuentas parece no compartir dicha opinión, por qué decidió su Desgobierno incluir esa base de ejecución en los Presupuestos del 2015, cuáles son las razones por las que el responsable de la Hacienda Local decidió, en un primer momento, bajar hasta un euro el control de todos los contratos de la Ciudad, para luego dejarlo en 500 euros. Y por qué nos dice que ahora la va a aplicar a “rajatabla” cuando la propuesta sigue poniendo mayores limitaciones que las que dicta la ley, al hacer tres grupos de estos contratos menores, hasta 500 euros, de 500 euros a 3.000 euros y de 3.000 hasta la cantidad máxima de contrato menor y a cada uno aplicar unos requisitos de menor a mayor exigencia; debe ser que el señor consejero de Hacienda sigue sin fiarse de los compañeros que realizan contrataciones.
Si la Ley permite un control exhaustivo y meridiano de las actuaciones de la administración y en la que parece creer la señora portavoz suplente, convendrán que una decisión de ese calibre sólo puede responder a un desbarajuste absoluto de la contratación de la Ciudad, que desde el propio Ejecutivo se decida poner más medidas de control significa que no deben estar muy conformes con las existentes y que ellas no son suficientes para vigilar las actuaciones de todos aquellos que deciden cómo la Ciudad se hace con un servicio o con una mercancía.
Si como dice la señora Bel, la Ley es suficiente para controlar las contrataciones y las medidas paralizan el buen funcionamiento de la Ciudad, deberemos concluir que lo que debemos hacer es cambiar a este Desgobierno que es el que provoca la “mala praxis” y no hay que remontarse a lejanos contratos festivaleros para ello. En este mismo mes, la señora Bel ha incoado dos expedientes para la contratación de material para la Policía Local, y tal como indicó en la misma rueda de prensa “ya están viniendo”; uno por urgencia y otro por emergencia, demostrando su desconocimiento de los procedimientos administrativos, lo que ha provocado que se haya retrasado el suministro de los mismos si tan de emergencia eran y tan en peligro están las vidas de quienes pretende defender, lo primero que debe hacer es conocer con qué medio se es más eficaz; pero eso supone trabajar.
La señora Bel, experta en contrataciones como la de Kibesan, nos demuestra cada día el por qué el Tribunal de Cuentas no parece creer mucho en sus palabras. Quizás nos debería explicar por qué si los chalecos antibalas solicitados en un principio por “urgencia” eran 75 unidades, se acaban comprando 90 “por emergencia”, la diferencia son 9.000 euros, que quizás para la comprensión de los “grandes números” que tiene la portavoz suplente puede parecerle lo mismo, pero para la ley y sobre todo para los ciudadanos no lo es. Si la compra es por emergencia, el adquirir más de los necesarios sobrepasa la justificación de dicho procedimiento, incumpliéndose la ley, es decir utilizar unos procedimientos inadecuados para asignar el concurso a quién ya se les había solicitado. Pero a la señora Bel, lo de racionalizar el gasto, realizar los estudios pertinentes y aplicar la Ley parece que no le seduce, le interesa más acallar las voces críticas en los departamentos que dirige, cada vez más encrespados por su nefasta gestión.
