La aprobación de las leyes catalanas de referéndum, transitoriedad y desconexión con España, es un exabrupto increíble. Esa es la más grande de las aberraciones jurídicas. Lo afirmo con conocimiento de causa, en mi condición de Licenciado en Derecho y Graduado Social. Pero, con sólo tener dos dedos de frente, un mínimo de sensatez y también de sentido común, cualquiera se percata del grado de depravación política, de cinismo y desvergüenza en que los separatistas catalanes han caído. Son unos exaltados y están ciegos, que no ven más allá de sus narices. Su sectarismo, radicalidad, testarudez y terquedad son más que evidentes. Parece mentira que siendo Cataluña una región culta y avanzada, y los catalanes demócratas y civilizados, luego tenga unos pocos separatistas radicales con mentes tan obtusas.
Sólo con la serie de tropelías jurídicas que están cometiendo, ya se ve la clase de “república bananera” y estado fascista que podrían crear. Sería el “madurazo” catalán a la venezolana. Un golpe de estado institucional en toda regla contra España desde una parte de España. Eso es echarse al monte, y el más monstruoso atropello que se puede perpetrar contra el Derecho interno y el Derecho Internacional. Están haciendo el más grande de los ridículos ante el mundo. Y así les tratan por ahí, que a nadie encuentran que les quiera recibir, por su evidente falta de seriedad y rigor, por su carencia de talla política y por su tremendo grado de ineptitud e irresponsabilidad. Con tal de independizarse y romper el Estado, están dispuestos a todo, “cueste lo que cueste”, como dicen.
Quieren por la fuerza votar en referéndum porque se quejan de que no se les deja votar, y que no hay nada más democrático como hacerlo; añadiendo que España les oprime y esquilma. Pero todo son mentiras, falacias, engaños y patrañas para hacer victimismo lastimero. La auténtica verdad es que no hay nada más radical y menos democrático como que una región quiera votar para romper el Estado de derecho al que pertenece, saltándose a las bravas la Constitución que los mismos catalanes votaron con más del 90 % de “síes”, las leyes estatales, su Estatuto de Autonomía y todo el ordenamiento jurídico-constitucional; desobedeciendo las sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y demás Tribunales.
Se están cargando la Nación española y la soberanía nacional; traicionan el juramento o promesa que hicieron de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y, encima, dicen con el mayor cinismos que ellos actúan de forma “democrática, legal y legítima”, acusando al Gobierno central de “estar cargándose los pilares básicos de la democracia para frenar el referéndum”. ¿Alguien, que no sea separatista, cree que gente así, tan irresponsable y con tan poco raciocinio podría regir un hipotético estado catalán?. Pobres ciudadanos los que cayeran bajo sus garras dictatoriales. No hay más que ver cómo han dilapidado en tan poco tiempo el rico patrimonio de Cataluña, dejándola en bancarrota, teniéndola que rescatar el Estado. Su ineptitud es evidente.
Sus mentes calenturientas han ideado un golpe de estado con leyes del Parlamento regional, o simples decretos de procedimiento abreviado, cambiando el orden del día, sin debate y teniendo que presentar enmiendas en dos horas, haciendo oídos sordos y burlándose de los dictámenes de los letrados del Parlament y del Consejo de Garantías Estatuarias, en contra de las advertencias del secretario general de la Cámara que se negó a tramitarlas y publicarlas, vulnerando descaradamente el Reglamento y retorciéndolo a su favor y en contra de la oposición de manera sectaria y vergonzosa, retirándole la palabra a los diputados que querían debatir con argumentos sólidos y fundados, despreciando las serias advertencias que les hacían incluso algunos Diputados independentistas y partidarios del referéndum, pero que mostraron su repugnancia por la forma tan esperpéntica, tan chapucera y tan descarada como aprobaron esas, ya suspendidas, aunque tan tercamente Puigdemont manifieste que serán las que rijan.
Pretenden convertirlas en la “norma suprema” de Cataluña, haciéndolas prevalecer sobre todo el ordenamiento constitucional español. ¿Sabe esa gente algo del principio universal de jerarquía de las normas jurídicas?. Coaccionan, amenazan y hacen escraches a los alcaldes que no ponen las instituciones locales al servicio del referéndum. ¿Pueden esos políticos radicales ser tan ayunos en derecho?. ¿Puede existir un estado más totalitario que el que pretenden crear?. Hasta el extremo de que Puigdemont afirma que no acatará la posible inhabilitación del Constitucional, que nadie le podrá inhabilitar, poniéndose en abierta rebeldía y por encima del bien y del mal. Quieren otorgar la nacionalidad española a quienes el 31-12-2016 residieran en Cataluña. Eso en Derecho se llama actuar a “non domino”, conceder por sí lo que no se tiene en dominio. ¿Quiénes son los separatistas para conceder la nacionalidad española, que ni ellos mismos ya tendrían, cuando tal competencia sólo la tiene atribuida el Estado de forma exclusiva y excluyente?. ¿Se puede ser tan ignorante e inculto, políticamente?. ¿No les dará vergüenza de presentar ese “proceso” tan chapucero ante el mundo?.
Se arrogan para sí la concesión de amnistía. Está claro, para otorgársela a los condenados por desobediencia al Tribunal Constitucional y a los condenados e investigados por corrupción. El texto expulsa al Ejército de Cataluña, que por el artículo 8 constitucional es, precisamente, el encargado de preservar y defender la integridad territorial que ellos quieren romper. Pues que respeten esa Institución, para que la misma a ellos respete. La Generalidad asumiría la totalidad de derechos y obligaciones financieras; que es lo que tienen amenazado: “La deuda con España podremos no pagarla”. Son 75.000 millones de euros al FLA, más su deuda general contraída de 265.000 millones; más 223.000 millones si confiscaran los bienes públicos. ¡Bah!, “calderilla”.
El TSJ de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo catalán. A Jueces y fiscales se les exigiría la nacionalidad catalana, que equivaldría a expulsar también a toda la judicatura y fiscalía que no les fueran sumisos, para nombrar ellos a “dedo” a quienes les fueran dóciles. ¿Conoce esta gente algo del principio de independencia judicial?. El Gobierno catalán asumirá el control «total» de las fronteras y aduanas. La Agencia Tributaria española dejaría de tener la potestad recaudadora, que pasaría a Cataluña. La Administración General del Estado sería automáticamente sustituida por la catalana, confiscándose todos los edificios públicos del Estado. Pero, tras independizarse ¿de dónde sacarían el dinero para pagar servicios, funcionarios, pensiones, educación, sanidad, seguridad, desempleo, etcétera, si su deuda pública está catalogada como “bono-basura” y las agencias de catalogación amenazan con rebajársela aun más?. Recogen que la Unión Europea “mantiene su naturaleza y posición”. Pero, si una Cataluña independiente automáticamente quedaría fuera de la UE y lo primero que tendría que hacer es ponerse a la cola para pedir su admisión, que seguro no se la concederían con sólo vetarla España. El artículo 4.2 del Tratado de la UE, dispone: "La Unión respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional".
He escrito muchas veces que el derecho de secesión de una región perteneciente a un Estado soberano, no existe. Sí existe el “derecho de autodeterminación”, pero sólo para los territorios colonizados y los invadidos, conforme al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, a la Resolución de la Asamblea de la ONU 1514 (XV), de 14-12-1960, al artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, etcétera. Pero tales normas internacionales dejan meridianamente claro que el derecho de autodeterminación no existe para las regiones o territorios autónomos de un Estado, al recoger tales normas internacionales: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
La secesión de una región perteneciente a un Estado, no se permite en la Unión Europea ni siquiera en el caso de los Estados federales, como el año pasado sucedió con Baviera respecto de Alemania. El Tribunal Constitucional alemán, ante la petición bávara de un referéndum como el de Cataluña, dictaminó el 16-12-2016: “los Länder (estados federados) carecen en la Carta Magna alemana de espacios para procesos secesionistas…En la República Federal de Alemania como Estado nacional, la soberanía recae en el pueblo alemán, por lo que los estados federados no son los dueños de la Constitución". Y nuestra Constitución recoge en sus artículos 1.2 y 2, que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Nuestro Tribunal Constitucional, en sentencia nº 42/2014, de 25-03-2014, tiene declarado que la Constitución Española se puede cambiar, dentro de los procedimientos para su reforma. O sea, el Parlament catalán sólo puede proponer a las Cortes Generales que se someta a votación de las mismas la propuesta de modificar la Constitución en el sentido que Cataluña, o cualquier otra autonomía, puedan separarse. Pero, si eso llegase a aprobarse así, luego tendría también que ser sometida la propuesta a referéndum votado por todos los españoles. El TC tiene declarado, en sus sentencias números: 31, 32, 120 y 138/2015, la radical incompetencia de la Generalidad de Cataluña para convocar un referéndum sobre secesión. Y también el Tribunal Supremo en su sentencia 259/2015 y Autos 141 y 170/2016.
Suponiendo que Cataluña pudiera separarse de España una vez cambiada la Constitución, el Estado español seguiría siendo titular de todos los tratados y miembro de las organizaciones internacionales de las que es parte. Cataluña, quedaría automáticamente desvinculada de la UE, ONU, OTAN, organizaciones económicas internacio¬nales: OMC, FMI, Banco Mundial, ¬OCDE. El ingreso en la ONU requiere el voto favorable de dos tercios de los miembros de la Asamblea General, donde los cinco miembros permanentes tienen derecho de veto. Rusia y China, enfrentadas a fuerzas secesionistas, defienden el principio de integridad territorial. El ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, declaró en 2016: "Creemos en una España fuerte.
Si alguien piensa que se puede salir de un país sin consecuencias económicas, se equivoca completamente. La salida de Cataluña de España tendría consecuencias peligrosas para España, para Catalu¬ña y para Europa". Lo ha ratificado el presidente Macron. La canciller Merkel, en 2014, manifestó sobre Cataluña: "Defendemos la integridad territorial de todos los estados, que es algo totalmente distinto de la independencia de una ¬región". Ningún Estado democrático ha tolerado ni toleraría una insumisión así. La sublevación de Cataluña contra España sería insólita y aberrante en el mundo occidental.
La gran mayoría de españoles no entendemos qué espera el Gobierno para actuar. Los gobernantes, ni deben ser demasiado audaces, ni pusilánimes. Los ciudadanos, incluidos millones de catalanes que se sienten españoles, contemplan con perplejidad y desasosiego la impunidad con que Cataluña va hacia el abismo y arrastra a España.
Con una Generalitat rescatada por el Estado, todos los españoles estamos sufragando con nuestros impuestos su atentado contra la Nación española.
Han humillado al Rey en Barcelona en una manifestación contra el terrorismo, que tan respetuosa con las víctimas debió ser; una más de las ofensas diarias contra España. Los separatistas catalanes han retado, desafiado, provocado y chantajeado casi a diario al Estado, con arrogancia, altanería, sacando pecho y hasta con mofa. Y ya es hora de pararle los pies a gente tan irresponsable y exaltada.
El ataque más grave que puede sufrir un Estado es que se atente contra su soberanía o su territorio. Pues bien, la Generalidad de Cataluña lo que pretende es echar un pulso al Estado, poniendo en peligro a España, a Cataluña y a todos los españoles y catalanes. Creo que urge actuar, con prudencia, mesura y proporcionalidad, sí, pero también con la firmeza y contundencia que la gravedad del caso exige.
Y ante una situación de tal gravedad, todos los españoles de bien debemos ponernos del lado del Estado y aparcar las diferencias. España y los españoles tenemos derecho a un mínimo de dignidad, por debajo del cual nunca debemos descender.
