El Consejo de Gobierno dio luz verde al gasto de 7,8 millones para la reforma de la Gran Vía y zonas aledañas; actuación que encuadra en una continuación de la reforma del centro que ya se llevó a cabo con la peatonalización del Revellín. Es un montante importante, difícil de entender en un momento de carestía, por lo que sería obligado esa exposición pública previa de un proyecto que sirva para que los ciudadanos analicen y entiendan en dónde se van a invertir los recursos económicos públicos. Es cierto que una ciudad no puede quedar anclada en el pasado, pretender que la
Gran Vía del futuro sea la misma que vemos ahora es un gran error.
Pero ese mismo error es defender un proyecto sin permitir que el grueso de la población sepa con todo detalle en qué y cómo se va a gastar tanto dinero el Gobierno. El Ejecutivo sustenta las “prisas” de esta obra en la necesidad de atender al sector comercial, cuya crisis es más que evidente. Resulta un argumento infantil pensar que con una nueva Gran Vía se va a solucionar el grave problema de ventas vinculado única y exclusivamente a una frontera que no funciona. Y además de no funcionar, estamos completamente aislados padeciendo una falta de relaciones serias con el vecino país que serían vitales para resolver la problemática a pie de calle. Los grandes proyectos no deben imponerse. Muy al contrario, deben hablarse y debatirse para que cuenten, cuanto menos, con la publicidad debida que debe darse a un gasto tan importante, e incluso clave, para nuestra ciudad.