La Justicia, un enfermo crónico

A nadie le sorprenden las quejas por el mal funcionamiento de la Justicia en nuestro país, especialmente centradas en la lentitud en la tramitación de los asuntos.

La tardanza es tal que cuando por fin llega una resolución y ésta es firme, el tiempo de espera se convierte en sí mismo un ‘castigo’ injusto que perjudica de manera indiscriminada a las partes incursas en el procedimiento al margen del fallo que recoja la sentencia. Así, la Justicia ha acabado por convertirse en un enfermo crónico debido al tiempo que lleva esperando un tratamiento, que fundamentalmente pasa por una mayor dotación de medios técnicos y de recursos humanos. Todas las partes con responsabilidad en la Administración de Justicia coinciden en el diagnóstico y en la necesidad de adoptar un tratamiento de urgencia antes de que los juzgados queden definitivamente bloqueados. La ‘medicina’ iba a venir de la mano de las Nuevas Oficinas Judiciales, un sistema que daba respuesta a gran parte de las carencias, al menos sobre el papel. Se trataba de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para, junto con algunos cambios legislativos que agilizaran los procedimientos, dar el impulso que venía reclamando desde hacía años la Administración de Justicia y la ciudadanía. Sin embargo, ese remedio ha acabado por convertirse en un problema añadido a los que ya existían. Unas veces esas soluciones ‘teóricas’ no han venido acompañadas de unas partidas presupuestarias suficientes. En otras ocasiones, los recursos materiales existentes no eran suficientes para poner en marcha los procedimientos previstos. O los funcionarios no han recibido toda la formación necesaria y actualizada para hacer realmente operativo el nuevo sistema de trabajo. O han surgido incidencias imprevistas que no ha tenido una rápida respuesta. O el tránsito de un sistema a otro no ha sido tan fluido y ágil como estaba previsto. En definitiva, son muchas aspectos, muchos puntos a tener en cuenta, que deben ser analizados antes de acordar ahora las nuevas medidas a tomar. Y es preciso hacerlo sin pérdida de tiempo porque el buen funcionamiento de la Administración de Justicia es uno de los pilares en los que se apoya el desarrollo de una sociedad. El decano de los órganos judiciales de Ceuta, Antonio Severo, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un escrito que recoge todas las incidencias que a su vez le han hecho llegar los funcionarios de Justicia, los procuradores, los sindicatos... manifestándole todos los contratiempos que se registran a diario en los juzgados de nuestra ciudad. Es un documento que no puede caer en saco roto porque los perjudicados, además de los propios empleados públicos que se ven desbordados por la situación, son los ciudadanos en general. Queda bien clara la gravedad del asunto cuando se recoge en el escrito: “En las condiciones actuales, que padecemos el conjunto de trabajadores de la Administración de Justicia en Ceuta, es inviable e insostenible dar un servicio de calidad de la que es merecedor el ciudadano”. El diagnóstico sigue siendo el mismo: los juzgados en nuestra ciudad, como ocurre en la mayoría de los de nuestro país, no funcionan con el dinamismo que sería deseable. Quizás sean acertadas las medidas propuestas para acabar con la enfermedad crónica que padece la Administración de Justicia, pero es evidente que no se ha acertado a la hora de aplicar el tratamiento.