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El juicio se celebró ayer, tras suspenderse hace un mes por el disparo que recibió en la pierna
La Policía Nacional interceptó a la acusada en el puerto de nuestra ciudad cuando desembarcaba procedente de Algeciras. En el cacheo rutinario, los agentes hallaron en el bolso de la joven tres botes con un total de 210 pastillas de Tranquimazín y Rivotril que ayer, en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de nuestra ciudad, aseguró que era para consumo propio, pero no lo justificó con una receta médica. Fue detenida por un delito contra la salud pública por el que la Fiscalía le pide tres años de prisión con el agravante de reincidencia, pues ya ha sido procesada por hechos similares recientemente.
La vista judicial celebrada ayer fue suspendida el pasado 17 de octubre, pues la acusada, K.P.T. de 33 años de edad, se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Universitario tras haber recibido un disparo en un tiroteo en la barriada del Príncipe donde reside. El juicio fue entonces suspendido por causa más que justificada y ayer acudió al juzgado para la celebración de la vista.
Los agentes, que la interceptaron en el puerto, declararon que la mujer levantó sus sospechas por su estado de nerviosismo, al instarle a pararse para realizar un control rutinario. Uno de los agentes indicó que la reacción de quien “lleva algo que no debe” es similar a la que tuvo la mujer, en base a la amplia experiencia de los agentes en los controles del puerto.
La abogada defensora insistió en por qué no se realizó siquiera un análisis de sangre para comprobar la veracidad de lo que la acusada les informó, esto es, que estaba con el tratamiento de esta medicación.
Además, la letrada sostuvo que no se puede condenar a su cliente por tráfico de drogas, puesto que los agentes no la sorprendieron vendiendo las pastillas. Recalcó que las pastillas que su cliente portaba no se trata de estupefacientes sino de psicotrópicos, por lo que no se le puede acusar de traficar con drogas e incluso subrayó la incoherencia de acudir a la península a comprar tranquimazín cuando este tipo de medicamento “se puede adquirir en Ceuta y a través de Internet”.
La acusada declaró que la cantidad de pastillas respondía a que era para cubrir dos meses de tratamiento, argumento que no convenció a la fiscal, puesto que 210 pastillas supera los límites del consumo propio establecidos ya en jurisprudencia y, además, “no se puede permitir” que la mujer acuda a la península a por este medicamento en tanto que, si no cuenta con receta médica, la paciente se está automedicando con los riesgos que ello implica. La Fiscalía sostiene que viajó “expresamente” a la península para “llevar tabaco” y de su venta (ilegal también) consiguió los psicotrópicos sin necesidad de llevar una receta. El caso quedó visto para sentencia.
