Tres acusados por una operación de la Guardia Civil que dio con 1.600 kilos l El caso, a instrucción.
Después de seis horas de vista ininterrumpida, el juicio contra tres vecinos de nuestra ciudad acusados por su presunta relación con un alijo de 1.600 kilos de hachís que fue localizado por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en marzo del pasado año, fue suspendido justo cuando prestaba declaración el segundo de ellos, toda vez que éste inculpara a una cuarta persona. La aparición en escena de este nuevo sujeto motivó que el letrado defensor de uno de los acusados, el llamado P.V.S., el único que está en régimen de libertad y no en prisión preventiva como los otros dos –que responden a las iniciales J.A.G.M. y J.M.G.M.–, solicitara la suspensión de la vista y la vuelta del caso a la fase de instrucción en aras de preservar los derechos de su representado. En base a lo que recoge el artículo 746 del Código penal español, la magistrada juez titular de lo Penal número Uno accedió a tal solicitud y decretó la suspensión de la vista, decisión que adoptó con el frontal rechazo del Ministerio Fiscal y de los dos abogados defensores restantes, partes que abogaban por dar continuidad al juicio sin perjuicio de que se abrieran nuevas diligencias en aras de buscar la identidad y presunta implicación de la cuarta persona mencionada. Asimismo, señalaban que, de no seguir el juicio, como así sucedió, se estaría incurriendo en dilaciones indebidas y perjudicando a los dos encausados que permanecen en prisión de manera preventiva.
En cualquier caso, y a la espera de que el caso retorne al Juzgado de lo Penal y se dé continuidad a la vista –lo celebrado ayer se dio como válido, manteniéndose, por ende, la declaración y media escuchada en sala–, las partes mantuvieron sus respectivos escritos de calificación. Así, el Ministerio Público solicita para los tres encausados, de 56, 60 y 52 años, una pena de cuatro años y medio de prisión en base a la comisión de un delito contra la salud pública, así como el abono de una multa de 4.800.000 euros, con una responsabilidad civil subsidiaria de 180 días en caso de incumplimiento. Los tres letrados de la Defensa, por su parte, solicitan la libre absolución de los encausados, al entender que, realmente, no existen pruebas de suficiente peso como para elevar una sentencia en términos de condena.
La vista oral, que comprendió en seis horas apenas una declaración íntegra y otra que quedó a medias, sirvió para, como ya había quedado claro en fase de instrucción, poner de relieve la evidente contradicción entre, al menos, las dos versiones mostradas por P.V.S. y J.A.G.M., dos sujetos que, según el Ministerio Fiscal, jugaron tales papeles: el primero, el artífice del medio de transporte que debía facilitar la batea hallada en las naves propiedad de la Autoridad Portuaria con garrafas de agua y 15 de hachís; y el segundo, quien tejió el plan, facilitando la nave alquilada y siendo, de algún modo, el nexo de unión entre las partes. En este sentido, cabe destacar que J.A.G.M. es cuñado del acusado J.M.G.M., quien compareció ayer a juicio sin que, finalmente y debido a la suspensión referida, tuviera ocasión de prestar su respectiva declaración.
“Yo tenía muchos clientes, entre ellos algunos de nombre internacional y para los que trabajaba a diario –en referencia a un centro comercial de la ciudad, a la que le servía diversos productos provenientes de la península–, y, al cabo de cada jornada, recibía una media de 80 llamadas de teléfono”, señaló P.V.S., delegado de la empresa, con sede en Málaga, y que ejercía como intermediario entre el porte que, en principio, debía producirse y que consistía en el pase de una batea con agua, “no con hachís, porque yo no sabía nada de nada”, defendió quien es el único de los tres acusados que está en libertad.
Asimismo, P.V.S. destacó que hizo su trabajo debidamente, si bien por algún motivo que no trascendió, justo durante la investigación y resolución del operativo, fue despedido de su empresa, quedándose en paro: “¿Y cómo es posible que a pesar de no formar ya parte de la empresa usted siguiera yendo a la nave e interesándose no por todos los portes pendientes sino por uno en concreto, el que contendría el hachís?”, le cuestionó el Ministerio Fiscal, pregunta que obtuvo la respuesta siguiente: “Fui para recoger mis enseres –un libro, las fotos de mis hijos…una cajita en total– y para dejar las llaves, que dejé en una mesa –en fase de instrucción, dijo en la estantería–”. Añadió también: “Yo no tenía poder alguno de ordenar una salida de un porte o de devolver una devolución. Eso es cosa de los jefes de fuera –de Málaga–”.
Respecto a cómo fue posible que a esa batea que él había controlado había llegado tal cantidad de hachís, como le planteó la fiscal, P.V.S. señaló que “eso no lo sé”, explicando luego que “la batea estuvo un tiempo en la nave y yo no sé que pasó ahí”, concluyó, antes de que declarara J.A.G.M.
Cronología en primera persona: “Todo empezó con...”
J.A.G.M. sorprendió con su declaración hasta el punto que el contenido fue el motivo de suspensión
Las ediciones posteriores de El Faro, recogían los avances que se iban dando en el operativo que, llevado a cabo por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, dio con los 1.600 kilos de hachís decomisados que ahora son tela de juicio. Y en tales portadas, páginas e informaciones, se mostraba asimismo que no se descartaban más arrestos que los habidos y que se limitaban a los tres acusados. Ayer, uno de ellos, el llamado J.A.G.M., durante su turno de declaración, metió en escena a una cuarta persona, al tiempo que habló de los dos autores intelectuales del operativo, “un moro viejo con mal carácter y un moro gordito”, según indicó. Sobre la cuarta persona, dijo: “Es de la empresa de transporte de Málaga”. Estas declaraciones fueron tildadas como de “inesperadas” por el letrado de P.V.S. y fueron la causa de la suspensión referida.
Anteriormente al parón, J.A.G.M., quien junto a su cuñado lleva casi un año en prisión, relató que todo comenzó cuando “los dos moros me contaron que tenían 2.000 kilos de hachís y que no habría ningún problema... y yo que tenía problemas de dinero… aunque, veía riesgos… yo nunca había hecho eso…”, contó, para relatar cómo fue contratando, “tras mirar por internet”, el agua de un manantial para las garrafas y cerrando el plan con P.V.S.: “Él lo sabía todo, era quien haría el porte desde Málaga. Llegó incluso a cobrar en Algeciras un adelanto de 15.000 euros”, aseguró, al tiempo que el aludido meneaba la cabeza en señal de negación desde el banquillo contiguo.
En su declaración, que quedó a medias, J.A.G.M., quien había regentado un negocio de alimentación, reconoció también que “no había clientes de agua, sólo hablábamos del traslado de las jaulas de la droga”, y al hilo de esto, indicó que “los musulmanes –alternó refiriéndose a ellos dos como ‘musulmanes’ y ‘moro viejo’ y moro gordito’– llegaron a estar enfadados con P.V.S. por tardar en cargar la batea y porque ésta no salía fuera, cuando había dicho que iba a salir el 31 de enero”.
Por último, esta testifical aportó su versión acerca de cómo las garrafas, también llamadas en el acto ‘jaulas’, fueron llenándose de hachís, “bajo la supervisión de P.V.S.: “Ayudaron hasta los inmigrantes de la zona del puerto y otro moro, pero no sabían nada, creo”, indicó para finalizar, justo antes de que la vista se acercara a su fin por motivo de suspensión. El caso, ahora, vuelvea a fase de instrucción.
