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La hora de la política

Parece ser que ha llegado la hora de la política, esa gran señora que todos desean manosear. Así, ya está anticuado el cumplir y hacer cumplir la ley, porque es la hora de la política.

Si un presidente de una Comunidad Autónoma cualquiera, por ejemplo Cataluña, realiza actos que presuntamente pudieran ser constitutivos de sedición, malversación de fondos públicos, usurpación de funciones o prevaricación, ni el Gobierno de la Nación (el tantas veces denominado “gobierno central” no existe en el Derecho Administrativo ni Constitucional) con informes favorables del Consejo de Estado, ni la Abogacía del Estado, ni la Fiscalía General del Estado deben actuar, a pesar de que el Tribunal Constitucional por dos veces ha señalado que dichos actos por ahora no se deben celebrar en tanto no entren a discutir el fondo del asunto tal y como está contemplado en la Ley.
Así, el Gobierno de la Nación no cumple con su obligación de impedir los actos realizados por la Comunidad Autónoma del ejemplo, es decir Cataluña, y por supuesto, la Abogacía del Estado tan capaz a la hora de defender en sus informes una postura brillantemente y la contraria con la misma o mayor brillantez, tampoco acusa a la Comunidad denominada Cataluña ¿y por qué?, muy sencillo, porque es la hora de la política.
Pero si por casualidad, ya que esto es solamente un ejemplo, el Fiscal General del Estado que ha estado durante todo el tiempo adormilado viendo películas de John Ford y por ello no ha tenido tiempo para los asuntos de bolinagas y otras especies por lo que no ha podido acudir a rebelarse contra los actos ,por supuesto administrativos del Ministerio del Interior en los que se apoyarían los jueces de vigilancia penitenciaria para lograr la excarcelación, ni a querellarse contra la doctrina Parot, en fin esta minucias que nos han salpicado durante esta época dorada del Registrador y súbitamente decide que esta vez , como un acto de contrición va a interponer una querella por ejemplo por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones contra el presidente de la Comunidad Autónoma del ejemplo y otros dos personajes más del desgobierno de dicha Comunidad, no le quepan duda de que todos los políticos se le echarán encima, porque es la hora de la política.
Así, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía manifiesta que la letra del título VIII de la Constitución es letra muerta, por lo que algo habrá que hacer para reanimarla, a la letra claro ya que ella nace de esa letra. Como también el Secretario General de su partido, la liviandad personificada, señala (además de que hay que eliminar el Ministerio de Defensa) que “no es tiempo de tribunales ni de querellas”, ante esta vorágine de declaraciones algo habrá que hacer y ¿cuál es el bálsamo que va
armonizar las ideas y dar tranquilidad de espíritu a tanta oveja descarriada?: la tercera vía. La hora de la política. ¿Y cómo se articula?: mediante una reforma de la Constitución. Seguimos en la hora. Pero ¿qué es lo que debemos enmendar? Ah, eso es lo más claro: lo que sea con tal de que los catalanes estén contentos dentro de la Constitución Española. Para ello el Señor Sánchez está dispuesto a salvaguardar las competencias lingüísticas, educativas, culturales modificando el Título VIII de la CE además de una mejora de la financiación, eso sí sin llegar al pacto fiscal equivalente al Cupo vasco o al Convenio navarro, con objeto de anclar en la CE la “singularidad” de la C.A. de Cataluña, ya saben la del ejemplo. Es decir en lugar de apagar el fuego, más madera.
Los nacionalistas por supuesto consideran que la querella sería “un desastre telúrico” o ”un gran error” y por ello les empujan fuera de España, es decir, les importa ya un higa los anclajes de la singularidad, que nunca tuvieron, o tuvieron igual que los extremeños, andaluces o aragoneses, por citar solo unos pocos, por no hablar de la singularidad de ceutíes y melillenses y ahora vista la exigua fortaleza del Estado van camino de la declaración unilateral de independencia y los frenos que en la “hora de la política” quieren utilizar , ya no sirven para nada .Mientras el gran estadista, Don José Montilla se ofrece como testigo de la defensa del Señor Mas, la decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona manifiesta que hay que realizar ya la declaración unilateral de independencia e inmediatamente tomar todas las instituciones públicas del Estado, menos mal, vía Decreto. En fin la cantidad de disparates no parece tener fin y sobre todo no tener respuesta, ni adecuada ni de ningún tipo del Gobierno de la Nación, salvo que finalmente llegue el poder judicial a instancias de la Fiscalía General del Estado. ¿Para qué sirve entonces el Gobierno de la Nación, si no es capaz de prever las ilegalidades futuras adelantándose con los medios administrativos coercitivos y finalmente se incumple la ilegalidad del acto administrativo? El gobierno tiene que frenar con sus medios todas las ilegalidades y posteriormente llegará la hora de depurar las responsabilidades civiles o penales en los tribunales.
El cumplimiento de la ley es concomitante al ejercicio el poder y debe ser regla permanente de cualquier empleado público. Por lo que la denominada ahora “hora de la política “solamente demuestra la incapacidad de los gobernantes para ejercer su función preventiva y deberían haber cesado en sus funciones.
¿Ha llegado la hora de incumplir la ley? Esa hora no debe llegar nunca. Un país puede tener malos gobernantes pero si la Justicia funciona y el poder judicial es independiente del resto de poderes ejecutivo y legislativo, saldrá adelante, incluso aunque el resto del sistema no funcione debidamente. El primer pilar a preservar en una sociedad es en mi opinión el sistema judicial. Por ello no entiendo la ligereza, y liviandad de nuestros políticos cuando anteponen los pactos políticos, incluso secretos cuando existen las Cortes representación de todo el pueblo, a la legalidad. Los pactos deben ser para preservar la legalidad nunca para dañarla, bordearla, traspasarla o incumplirla.

*José Manuel Adán   Economista e Inspector de Finanzas del Estado

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