La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) denuncia que a partir del próximo 1 de febrero, la seguridad de la que actualmente disfruta el Centro de Realojo Temporal de Menores (C.R.T.M.), ‘La Esperanza’, ubicado en San José, “desaparecerá por falta de consignación presupuestaria”.
“Entendemos que resulta intolerable que los ahorros de carácter económico se hagan a costa de la seguridad de los trabajadores del C.R.T.M. y de los propios menores que residen en el citado centro. De hecho, el Gobierno de la Ciudad no ha contemplado en los Presupuestos de 2015 el mantenimiento de la vigilancia de seguridad en el citado centro dejando desprotegidos tanto a los trabajadores como a los propios menores residentes. Todo ello en base a criterios de ahorro, cuando para temas intrascendentes hay presupuesto de sobra”, indicaron desde la FSP-UGT a través de una nota de prensa.
Para los ugetistas, resulta “imprescindible” que el Gobierno local “dé marcha atrás en esta decisión de retirar la seguridad”, máxime en un centro donde, tal y como denuncian, el pasado miércoles varios menores residentes acudieron y apedrearon las instalaciones y al personal, “produciendo daños únicamente materiales”, como por ejemplo en el vehículo de un vigilante de seguridad. El sindicato añadió que “afortunadamente, gracias a la rápida intervención de los vigilantes de seguridad y del policía que allí presta su servicio, impidieron que el incidente pudiera tener consecuencias indeseadas como que se hubieran producido daños personales”.
La FSP-UGT solicita al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que “mantenga el compromiso que adquirió con los trabajadores de este centro, tras la agresión a una educadora el pasado año, de mantener la seguridad necesaria para salvaguardar la integridad de todos los que allí prestan sus servicios”.
Para esta federación sindical es “imprescindible” que los protocolos de actuación del 112 para estos casos funcionen correctamente, “ya que son, a nuestro entender, excesivamente lentos, y retrasan la actuación policial, para que de producirse nuevamente hechos similares, que con total seguridad se producirán, se neutralice a los agresores rápidamente”.
Finalmente, la FSP-UGT quiere insistir en que, por parte del Gobierno, “se dé marcha atrás en su decisión y mantenga el compromiso adquirido para garantizar la seguridad en el Centro de Realojo Temporal de Menores”.
