“España entra en situación límite”; “La prima de riesgo se desboca y empuja a España al rescate total”. Estos eran los titulares con los que este fin de semana salían a la calle los dos principales diarios nacionales. Mientras tanto en Ceuta, Caballas –tras haber defendido bajadas y eliminaciones de impuestos, planes de empleo para jóvenes y más inversiones– pedía la municipalización de un servicio público (el de autobuses), y los pseudosindicalistas de la Policía Local y de Bomberos –aferrados a sus profundas convicciones de izquierdas, forjadas con un sueldo de 2.300 euros (sin antigüedad ni más titulación que la EGB)– convocaban concentraciones contra el aumento de la jornada laboral. Cualquiera que viera estos últimos titulares más allá de nuestras fronteras se preguntaría si estamos locos o si a Ceuta no llegan las noticias.
Es la insolidaridad más absoluta, el egoísmo convertido en propósito y en mensaje; la propaganda y la manipulación al servicio del voto y del mantenimiento de los privilegios de los privilegiados. Los primeros porque no son capaces de sonrojarse en hacer una propuesta semejante en un momento en el Gobierno de España, con el país al borde del rescate, está llamando a la “drástica” reducción de las empresas públicas. ¿Por qué? Una buena parte de la respuesta nos la da el segundo colectivo: porque mientras todos los españoles firmamos una reducción salarial con tal de que no echen a nadie a la calle, cuando tu jefe tiene nombre de político, todo vale –porque sale gratis– con tal de seguir siendo un privilegiado.
Se olvidan los sindicatos y los pseudosindicalistas, que gracias a Juan Vivas están ganando unos cuantos cientos de euros más. Primero porque los reclasificó (pasando de grupo D a C) y segundo porque los libró de la eliminación de las jornadas partidas y especiales que se aplicó hace unos meses. Ahora les ha tocado, pero no por voluntad del Gobierno de Ceuta, sino sencillamente porque ha entrado en vigor una ley (la de Presupuestos) que eleva la jornada laboral de 35 a 37,5 horas. De este modo, la llamada jornada especial (una hora adicional de trabajo al día) ya solo podrá ser de 2,5 horas porque el Estatuto de los Trabajadores impide hacer más de 40 semanales. El Gobierno podría haber aprovechado la coyuntura, pero no lo ha hecho y ha ofrecido crear una bolsa de horas extraordinarias para que nadie vea reducido su sueldo. Pero, claro, el solidario policía local y el solidario bombero no se conforman. ¿El motivo? La Feria, por ejemplo. Con dos días de trabajo en el recinto ferial, los sufridos policías y bomberos elevan su sueldo hasta los 3.000 euros (24 euros por hora), de tal modo que ya no percibirán los 60 que se corresponden a esas 2,5 horas que pasan a estar incluidas en su jornada laboral.
Y este es el motivo de la protesta de los abnegados y solidarios policías y bomberos, que sin pudor cargan todo y contra todos, incluso hasta contra quienes les subieron el sueldo, y están tan ciegos como para pensar que ellos son quienes están pagando la factura de la crisis. Y no se dan cuenta que ni quienes la estamos pagando somos el resto de los mortales, porque si aquí hay que hablar de gastos desmedidos deberíamos empezar por hablar de sus retribuciones. ¿Por qué, entonces, tenían hasta ahora una jornada laboral de 35 horas? ¿Por qué hay que pagarle como jornada especial las 40 horas que hace todo hijo de vecino? ¿Por qué tengo que costearle a un privilegiado la factura del dentista, las gafas y los estudios de sus hijos? Acaso no estamos pagando todos los ciudadanos todas esas facturas o alguien va a decir que estas ayudas sociales es la manera de dignificar su sueldo. Y si con el dinero de mis impuestos se pagan estas facturas, ¿qué tendríamos que hacer con las del camarero que gana 800?
Se sienten discriminados, por tanto, quienes menos trabajan y más ganan, quienes alcanzan las 40 horas semanales del resto de los mortales percibiendo un complemento adicional, quienes cobran las horas extra, quienes reciben dinero cuando van a la óptica o al dentista, quienes obtienen condiciones especiales cuando contratan la hipoteca de su casa... Pobrecillos, ellos y solo ellos, están pagando la factura de la crisis.
Renglón aparte merecen los sindicatos, sobre todo esos que dicen ser de clase, los herederos de Pablo Iglesias (UGT) y del Partido Comunista (CC OO), que no solo parecen ser capaces de sostener tantos discursos como secciones sindicales tienen, sino que hasta en la misma organización defienden posiciones y tratos diferentes en función de a qué colectivo pertenecen. Porque de otra manera no se entiende cómo los sindicatos pueden defender una (ilegal) jornada laboral de 35 horas para este colectivo cuando el resto de trabajadores de la Ciudad, de sus sociedades municipales y de sus organismos autónomos van a hacer 37,5 horas. No sé por qué los sindicatos consideran que son más que nadie y no sé por qué deben tener una jornada laboral inferior al resto de los 2,69 millones de trabajadores de las administraciones públicas españolas.
Para explicarlo podrían comenzar por mirar a la cara a los 5,5 millones de parados, a las miles de personas sobre las que pesan órdenes de ejecución hipotecaria, a los jubilados que verán reducida su pensión, a los beneficiarios de la ley de dependencia a los que se les rebaja su paga o a los jóvenes sin futuro, y decirles: “¿No os dais cuenta que, aunque España esté al borde del rescate, los policías locales y los bomberos de Ceuta somos distintos y no podemos trabajar más de 35 horas a la semana?”.
Pero lo cierto es que, les guste o no, la fiesta ha terminado. La diferencia es que a ellos la fiesta los convirtió en unos privilegiados. Ojalá los demás pudiéramos decir lo mismo.
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