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Sus parientes están a la espera de la autorización judicial que requiere del informe del forense
La familia de Sandy Rajab Abou, conocida por el inmerecido apodo de ‘la Siria’ –sobrenombre cuyo uso hiere a sus seres queridos–, tiene solicitado en los juzgados el internamiento no voluntario de esta fémina de 31 años y se mantiene a la espera de la decisión judicial. Su intención es que Sandy ingrese en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario –u otra institución especializada– donde pueda ser diagnosticada del trastorno mental que, a su juicio, padece, así como recibir un tratamiento adecuado para su recuperación. Ese es el único interés que tienen sus seres queridos tanto por ella como por la ciudadanía.
Para su consecución, resulta necesaria una orden de los juzgados que autorice la intervención de las Fuerzas de Seguridad para su detención y hospitalización ya que ella se niega a ingresar por voluntad propia. Esta autorización judicial depende, así mismo, de un informe de la oficina forense que determine oportuno su internamiento. Sin embargo, hasta ahora, en ninguna de las evaluaciones, los médicos consideraron pertinente esta medida y concluyeron que su único problema es el alcohol.
La mujer, que esta misma semana fue denunciada por agredir a una policía local en el Mercado de Real 90, está incapacitada legalmente. Además de su familia, la incapacidad fue propuesta a instancias del Ministerio Fiscal a la vista del estado de Sandy y de la desesperación de la familia.
En estos momentos, existe contra Sandy una orden de localización y detención por el procedimiento de la agresión a la agente. La razón es que a la vista se personaron todos excepto la acusada –estuvo incluso la familia–. Los hechos ocurrieron el martes por la mañana, fue detenida, quedó en libertad al día y volvió a ser citada sin éxito. Desde entonces, ha aparecido de nuevo por el lugar de los hechos.
Sandy tiene abiertos en los juzgados varios procedimientos penales por sus actos en el Mercado de Real 90. Por su parte, la áreas de la Ciudad Autónoma implicadas han realizado todos los trámites a su alcance para obtener una solución hasta que, en la actualidad, el caso ha quedado totalmente en manos de la Justicia.
La familia sostiene que Sandy tiene un trastorno psíquico que puede estar agravado por el consumo de alcohol. Asimismo, expresó su malestar porque, en ocasiones, esta mujer recibe el trato de delincuente cuando se trata de una persona enferma.
