La falta de digitalización de un procedimiento provoca su suspensión

• Algunos de los informes no estaban informatizados, pese a ser obligatorio desde enero del pasado año

La falta de digitalización de un procedimiento judicial que se iba a celebrar en el Juzgado de lo Penal número 1, provocó ayer su suspensión después de que los abogados de la Defensa informaran de la ausencia de algunos informes en soporte digital, formato obligatorio desde su implantación en enero de 2016. No fue el caso de este procedimiento que únicamente recogía el primer oficio policial dando cuenta del inicio de una investigación a una organización criminal, el auto de incoación y las resoluciones judiciales, pero no así los atestados que sólo estaban recogidos en formato escrito.

La obligatoriedad de digitalizar todo el procedimiento responde a efectos de un posible recurso de la sentencia al órgano superior ya que únicamente se envía el expediente digital.

Al producirse esta disyunción, el procedimiento se devolvió a Instrucción para digitalizar todos los documentos e incorporarlos posteriormente a la causa.

La situación llevó a los abogados de la Defensa a solicitar para sus representados la puesta en libertad al haber cumplido 14 meses de prisión. Además, y al tratarse de un delito contra la salud pública, uno de los letrados pidió un contraanálisis de la sustancia incautada al no estar conforme con la ‘pesada’ y el análisis de la droga.

El Ministerio Fiscal rechazó ambas peticiones. La primera de ellas, al considerar que los acusados no han cumplido una pena excesiva que conlleve una modificación de su situación. En el segundo de los supuestos, relativo a un nuevo análisis de la droga, la Fiscalía recordó que con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la sustancia se destruye en caso de que ninguna de las partes se manifieste en sentido contrario. Además, la petición de un contraanálisis debía comunicarse durante la Instrucción y no en el momento de la vista.

Los procesados, A.J.A., M.A.M., E.R.A. y D.A.M., se sentaron en el banquillo acusados de un delito contra la salud pública tras haber sido detenidos durante una operación contra el narcotráfico en Chiclana, aunque la investigación se inició en nuestra ciudad, ya que uno de los implicados era el enlace en Ceuta.

El Ministerio Fiscal solicitó para dos de ellos una pena de cuatro años y un mes de prisión y una multa 401.760 euros con 120 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de no hacer frente al pago, al no tener antecedentes.

Para los otros dos acusados se pidió cuatro años y seis meses de prisión y multa de 602.640 euros, pena superior al ser reincidentes.