En los próximos días el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, se reunirán en el Palacio de la Moncloa para escenificar un nuevo desencuentro a costa del tan traído y llevado referéndum secesionista que el dirigente catalán pretende celebrar el 9 de noviembre y que el jefe del ejecutivo no se cansa de repetir que no está en su mano autorizar ya que de hacerlo cometería una ilegalidad al no estar permitido por la Constitución.
El margen de maniobra de uno y de otro es prácticamente nulo. En el caso de Artur Mas, porque desde hace dos años se ha metido, con el apoyo de ERC y de una parte de la sociedad civil catalana, en un callejón sin salida. Además, la marcha atrás, en el caso improbable de que el Presidente de la Generalitat quisiera darla, es ya muy difícil y sus socios no le dejarían. En el caso del Presidente del Gobierno, conviene recordar que cuando tomó posesión de su cargo juró cumplir y hacer cumplir la ley. Por eso, no puede autorizar la celebración de un referéndum en Cataluña para decidir la secesión de una parte del territorio español. Como Rajoy suele repetir con esa argumentación lineal propia de un registrador de la propiedad, lo que tenga que ser España lo tienen que decidir todos los españoles y no sólo dos señores reunidos en un salón del Palacio de la Moncloa.
Es comprensible que para muchos ciudadanos, la cuestión de Cataluña produzca ya un cierto cansancio y hastío. Los nacionalistas son muy perseverantes y constantes en sus reivindicaciones y se pasan casi todo el día pensando en lo mismo: quienes somos, de dónde venimos y que queremos ser de mayores. Lo que les diferencia de los que no son nacionalistas, es que estos tienen otro tipo de preocupaciones: si podrán pagar la hipoteca a final de mes, el colegio de los hijos o si la situación económica familiar les permitirá disfrutar este año de unos días de vacaciones. En fin, las cuestiones normales y corrientes.
Pero desgraciadamente, en las próximas semanas seguirá estando en un primer plano de la actualidad la cuestión catalana. Insisto que sin mucho margen de maniobra para el acuerdo, a pesar de los intentos de algunos de impulsar una "tercera vía" de corte federal, que nadie sabe muy bien en que consiste y, sobre todo, que no colmaría las aspiraciones de los nacionalistas catalanes. Algunos piensan que con un acuerdo fiscal que les permitiera, como sucede en el País Vasco y Navarra, tener su propio concierto económico, el problema se solucionaría. Los que así piensan no quieren ver una realidad evidente: lo que los nacionalistas persiguen, y no lo ocultan, es lisa y llanamente la separación de España, rompiendo de esa manera el campo de juego que delimitó la Constitución de 1978.
