En lo que va de año han desembolsado 56.000 euros por rotura de cristales y temen daños personales a usuarios y conductores El acontecimiento del pasado viernes en que una piedra cayó sobre el carrito de un bebé así como los cristales del autobús a donde fue lanzada por un grupo de jóvenes ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la empresa de autobuses. Desde la gerencia lamentan que o llevan escolta policial en determinadas paradas consideradas como conflictivas o dejarán de operar. “Nos han prometido que durante varios días nos va a acompañar la Policía en el trayecto de Juan Carlos I, pero esa promesa ya la han hecho varias veces y probablemente en unos días no contemos con esa seguridad y lamentándolo mucho, no podremos cubrir ese servicio”. El gerente de la empresa de autobuses, José María Cuéllar rechaza la pasividad de la Administración ante unos hechos que requieren responsables. “Nosotros llevamos ya 56.000 euros invertidos en rotura de cristales por estas circunstancias en lo que va de año y una cosa es la responsabilidad material, pero si sucede algo grave y lamentamos ya daños personales tanto de los conductores como de los usuarios, ¿entonces qué? La situación ha llegado a un punto tan grave que no podemos asegurar la integridad de las personas”, asegura explicando que esos grupos de vándalos “ahora podrían controlarse pero dentro de un par de años auguro que la situación no va a poder remediarse”.
Dice que la situación “no es nada agradable y se está desmadrando” y habla claro cuando explica que “independientemente de la situación económica que todos sabemos que es un momento complicado, que hace tres años pagaba el litro de gasolina a 0,49 y ahora a 1,13 céntimos, que han disminuido los viajeros y que las cosas no están tan bien como antes ya que hay meses en que realmente es complicado pagar nóminas, lo que incluso me preocupa más es que nos sentimos abandonados, sin ningún respaldo y llevamos mucho tiempo diciendo que esta situación se agrava”.
Cuéllar asegura que no quiere un agente policial por autobús sino una custodia que asegure en determinadas zonas “que sabemos cuáles son y las horas aproximadas en que se producen los incidentes” que el autobús puede realizar la ruta sin problemas. “La plantilla trabaja ya con miedo y es cierto que esto es una empresa privada y no pública, pero se nos exige un buen servicio y creo que es lo que tratamos de hacer en todo momento pero si no se puede lo que no voy a consentir es que se ponga en peligro el conductor y todo el pasaje”. Asegura que algunas de las piedras no han dado a los conductores “de milagro y eso podría ocasionar que perdieran el control con la consiguiente tragedia” y que tiene claro que “o contamos con esa custodia o lamentándolo mucho nos veremos obligados a retirar el servicio”. Explica que las fuerzas de seguridad están trabajando sobre lo sucedido el pasado viernes. Los vecinos de San José manifestaron su indignación con el apoyo de la FPAV y pidieron más seguridad en una zona que no puede quedarse sin servicio de autobús. “No podemos pagar justos por pecadores”, apuntaba la presidenta vecinal de Juan Carlos I.
