Wilfredo Pareto fue un economista italiano que realizó importantes contribuciones al estudio de la economía y, especialmente, al campo de la distribución de la riqueza. Uno de los principios que enunció fue el de optimalidad, que se define como aquella situación ideal, o de máxima eficiencia, en la cual sólo es posible mejorar empeorando la situación de alguien. Sin embargo, el mismo autor manifestó que, entre tanto se llega a ese óptimo, se puede maximizar el bienestar económico si se aumenta la utilidad de algún individuo sin disminuir la de otro.
La importancia de estos conceptos económicos teóricos es vital a la hora de planificar los grandes programas de gasto público. Sobre todo en períodos de crisis económica como la actual. Lo esencial sería conseguir aumentar la equidad (o frenar el incremento de la desigualdad), aunque tengamos que renunciar a algo de eficiencia, pues, como señala el profesor Amartya Sen, puede haber situaciones eficientes que no sean aceptables desde el punto de vista social (por ejemplo, lo que ocurre en la actualidad en la sociedad americana). De esta forma se conseguirá un aumento del bienestar social. Esto es justamente lo que no está haciendo el gobierno actual de nuestro país. Veamos.
Vivimos una situación social alarmante. Casi seis millones de parados, recorte de la dependencia y de las prestaciones de desempleo, recortes de salarios a los empleados públicos, incremento del IVA. La reforma laboral, en lugar de generar empleo, lo que está haciendo es favorecer el despido masivo y barato de los trabajadores más antiguos. La negociación colectiva está sufriendo un considerable retraso respecto a 2012, fundamentalmente como consecuencia de la desaparición de la clausula de la prórroga automática de los convenios colectivos. De esta forma se entorpece la creación de un tejido productivo eficiente, se precarizan las condiciones laborales y se incentivan las conductas negativas del empresariado, frente a la innovación y el desarrollo tecnológico. Y lo más grave. Se rompe el pacto social y se desequilibra la balanza a favor del capital, debilitando la fuerza negociadora de los trabajadores. Respecto a la Seguridad Social, precisamente en un momento en que se resienten los ingresos, se planean nuevos recortes de las cotizaciones. En lo referente al sector financiero, la pérdida de valor de sus activos le incapacita para dar créditos al sector privado. Las reformas practicadas, hasta el momento no han dado el resultado esperado. Es decir, en una situación en la que la política económica debería incentivar la creación de empleo, lo que se practican son nuevos y dolorosos recortes a los ciudadanos.
Uno de los ataques más virulentos que se están practicando lo son en el sector de la enseñanza. Con la excusa del supuesto bajo rendimiento del profesorado, se ha producido, de hecho, un incremento del horario del mismo, lo que ha conllevado el aumento de la ratio de alumnos por profesor. En las Universidades, el recorte ha sido aún mucho mayor. Y además, de tal magnitud, que ha tenido que ser el propio gobierno el que aclare que la medida de incremento de créditos al profesorado no era obligatoria, sino en razón de las necesidades docente. Pero esto no ha impedido que miles de profesores asociados (la parte más débil de la cadena) hayan sido despedidos (no se les han renovado sus contratos) en todas las Universidades. Todo ello en aras de la “eficiencia” económica. Lo que no han explicado es que la supuesta optimalidad de la eficiencia (en el sentido paretiano), la están consiguiendo empeorando la situación de una mayoría de profesores y mejorando sólo la de unos pocos.
Como dice el profesor Stiglitz en su último libro, en una situación como la actual, es esencial apoyar la acción colectiva de los trabajadores y de los ciudadanos. Las asimetrías de la globalización han creado una competencia en el empleo donde los trabajadores han salido perdiendo y los dueños del capital han salido ganando. Mantener un tipo de sociedad y un tipo de gobierno que esté al servicio de todo el pueblo es esencial. Sin embargo, no se proponen reformas efectivas que puedan mejorar las conductas de las grandes corporaciones financieras. Por el contrario, se fomentan actitudes contrarias a los sindicatos y se persigue su debilitamiento, sin pararse a pensar que su papel es esencial para contrarresta los intereses particulares frente a la mayoría y para defender la protección social básica, “si es que pretendemos que los trabajadores acepten los cambios y se ajusten a un entorno económico cambiante”.
Quizás no estaría mal reflexionar sobre las viejas enseñanzas de Pareto en este momento. Y hacer un examen de conciencia general y particular. El “sálvese quien pueda” que se está practicando por parte de algunos a nivel institucional (nacionalistas catalanes, por ejemplo), y por otros a nivel personal, nos conduce directamente al desastre. Pretender mejorar una situación individual, perjudicando a otro, es éticamente reprobable. Pero en un escenario de crisis social tan grave como la actual es, además, indecente.
