Hasta el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, reconoció ayer que es “injustificada” la situación que afecta a los trabajadores de Trace que proceden de Contenur por cuanto están sometidos a otro tipo de condiciones laborales y además perciben menos dinero que los compañeros que, también asumidos por Trace, proceden de Urbaser.
Este reconocimiento llegó después de que el PSOE llevara a pleno una propuesta para instar al Gobierno local a que diera una solución a estas personas. Un grupo reducido de operarios que ya ha hecho públicas sus quejas por distintos canales y que incluso han sido protagonistas de una denuncia judicial, aunque sin llegar a obtener el respaldo de la Administración.
El propio Vivas dijo que, pese a ser justificada la queja de los afectados, es la propia empresa la que tiene que hacer frente a estas peticiones, sin que la Ciudad pueda ir más allá al existir un pliego de condiciones. De hecho habría que modificar el contrato que se mantiene con la empresa adjudicataria de la limpieza pública para poder atender este posicionamiento.
El PSOE insistió por boca de su portavoz José Antonio Carracao en que la Ciudad debía adoptar una postura más decidida, reclamando que para estos trabajadores recaigan los mismos derechos sociales y laborales que para el resto. El asunto no tuvo mayor trascendencia toda vez que es la empresa la que debe actuar al respecto. El Gobierno, en definitiva, no da con la tecla técnica para hallar la solución.
Los antiguos trabajadores de Contenur han mostrado por diversos cauces sus quejas y malestar, de hecho obtuvieron varios apoyos de oyentes en un programa de La Voz del Faro en el que casi se abordó su problemática de manera monográfica. Trace les pidió en su día calma pero no ha aportado solución alguna al entuerto.
