Ceuta ha sido la primera en devolver el 26% de la paga extra de 2012 a sus funcionarios. Junta a ella, otras once autonomías han podido afrontar este desembolso que, sin embargo, en otras comunidades ha resultado inviable. Se confía en que el 50% restante se abone en 2016.
Si se admiten críticas contra determinadas decisiones adoptadas por este Gobierno, también resulta justo reconocer que en la organización para hacer frente al cumplimiento de un derecho que le fue arrebatado a los funcionarios por los recortes se ha sido rápido. Se ha cumplido. No ha habido que denunciar o lamentar otro tipo de acciones. Hay comunidades que están teniendo problemas en afrontar este tipo de pagos por falta de disponibilidad presupuestaria, algo que no ha ocurrido en Ceuta en donde sí se ha organizado desde el primer momento el cumplimiento de unos pagos que había que afrontar para saldar las deudas con los funcionarios de la Casa. La Ciudad arrastra así una gestión de la crisis en la que, además, no ha habido que ordenar ERES como en otros ayuntamientos y se ha satisfecho el pago de las nóminas sin que haya existido retrasos o quiebras como así ha pasado en otros puntos del país. Sin duda que la gestión en este ámbito goza de la mejor salud posible, por lo que habría que extrapolarla a otros frentes en los que no se consigue ese grado de cumplimiento, bien por retrasos en abonos de certificaciones o en las entregas de subvenciones ya aprobadas y reconocidas. Justo elogio, sí, pero también justa la petición de que sea aplicable al resto.
