El Partido Popular ha matizado su enmienda para legalizar las llamadas ‘devoluciones en caliente’ –la entrega inmediata a las autoridades marroquíes de los inmigrantes que intentan entrar en Ceuta y Melilla– y ahora considera que el rechazo en frontera sólo se llevará a cabo cuando intenten sobrepasar “en grupo” los elementos de contención o vallas del perímetro.
Los populares dieron ayer el visto bueno a la revisión del articulado de la Ley de Extranjería retocando el texto anunciado hace apenas una semanas. Lo hicieron en la reunión de la Comisión de Interior del Congreso, en concreto en la ponencia que informa sobre el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
El nuevo texto quedará redactado así: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Antes de la modificación, el texto establecía: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. El Consejo General del Poder Judicial deberá pronunciarse ahora sobre la enmienda.
Pese a la modificación de última hora, los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados siguen rechazando la pretensión del Partido Popular de dar cobertura legal a las ‘devoluciones en caliente’, que, de hecho, supone modificar la Ley de Extranjería a través de la futura Ley de Seguridad Ciudadana.
Por todo ello, la Izquierda Plural pidió ayer formalmente que se alargue el plazo de debate del proyecto de ley hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncie sobre esa enmienda, toda vez que el anteproyecto sobre el que el órgano de gobierno de los jueces emitió su informe no incluía la enmienda del Partido Popular. Ricardo Sixto, diputado de la Izquierda Plural, señaló ayer que se trata de una ley orgánica que exige un dictamen del CGPJ, y añadió que el PSOE se ha sumado a su petición de ampliar los plazos de tramitación de la futura nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
La controlversia sobre las devoluciones obligó a pronunciarse a mediados de octubre al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, quien no dudó en defender el trabajo de la Guardia Civil en la valla de Ceuta y Melilla, unas actuciones que, consideró, “no es en ningún caso una ‘devolución en caliente’ sino una acción de rechazo en frontera”. Martínez Vázquez explicó que lo que hacen los efectivos de la Benemérita es “algo previo” a una devolución, expulsión o inadmisión, “algo más fáctico que jurídico”, una acción en la que la Guardia Civil, de “manera exquisita”, hace compatible la protección de nuestras fronteras con “el respeto a la integridad, a la vida y a la dignidad” de los inmigrantes.
Además, censuró la propia expresión al considerarla “contaminanada” . “Puedo decir con toda claridad y rotundidad que lo que se produce en la valla cada vez que hay un intento de asalto masivo y muchas veces violento no es en absoluto una ‘devolución en caliente sino otro fenómeno, un rechazo en frontera”, indicó Martínez Vázquez desde Cantabria.
Un marco legal con la imputación en Melilla de fondo
El Gobierno busca un marco legal a las devoluciones de inmigrantes a Marruecos para intentar agilizar las expulsiones y reducir la presión sobre los perímetros de Ceuta y Melilla. Es en esta última ciudad donde más controversia provocó esa práctica cuando hace un mes el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 imputó al jefe de la Guardia Civil por incurrir en una práctica que interpretaba prohibida en la Ley de Extranjería. El juez se basaba en las actuciones del 18 de junio y 13 de agosto, cuando un número indeterminado de inmigrantes saltó la valla y fueron "entregados” a las fuerzas marroquíes.
