La comisión local antifraude se reunió ayer para poner sobre la mesa los trabajos que le han sido encomendados a sus componentes. Ingesa, fuerzas de seguridad, Imserso, Agencia Tributaria o la Oficina de Extranjería, entre otros, debían acudir a la cita con los deberes hechos,
al objeto de, una vez detectados posibles fraudes o incumplimientos de las normativas, poder actuar sobre ellos.
Durante cuatro largas horas, los máximos responsables de los distintos departamentos presentaron sus propuestas y se concretó las líneas sobre las que se van a centrar los trabajos en las próximas semanas.
Por ejemplo se habló de los empadronamientos. Desde hace unos meses se lleva trabajando en la localización de los llamados pisos patera así como en la detección de los empadronamientos fraudulentos. Pues bien ayer se abordó la evolución de las actividades del Consejo de Empadronamiento, así como las bajas que se han producido, toda vez que se tiene que volver a una cierta normalidad en un ámbito en el que cabe incluso actuación judicial. Y es que, aquellos que se estén dedicando a dar cobertura a personas permitiéndoles que utilicen como residencia ficticia su vivienda, podrán ser presentados ante la justicia.
Se analizó una propuesta para establecer un protocolo de actuación con la Policía Local destinado a la comprobación de la residencia en los casos de atención a menores y embarazadas transeúntes. Detrás de este asunto hay mucha enjundia, porque se trata de averiguar si estas mujeres pudieran estar siendo acogidas en alguna vivienda hasta el momento del parto, para, una vez nacido el niño en territorio español, poder beneficiarse de unas mayores posibilidades para la obtención de la nacionalidad. Una cosa es la atención por urgencias a cualquiera que se presente en el Universitario, y otra bien distinta, la acogida, de manera ilegal, de personas para darles una serie de beneficios.
Por otra parte, la Agencia Tributaria ha analizado las retenciones de renta a los trabajadores extranjeros transfronterizos y ha acordado remitir una circular a todos los órganos de la Administración en relación al cumplimiento de las condiciones que dan derecho a la bonificación por residencia en Ceuta. Se trata, en este caso concreto, de poner orden en una serie de prestaciones que deben ser recibidas en la cuantía y número que se corresponde por ley.
En este repaso exhaustivo de lo que debe controlar cada parte implicada en la comisión antifraude, la Seguridad Social ha expuesto los casos detectados de simulación de contratos a extranjeros y de localización de empresas ficticias, iniciativa que hasta el año pasado jamás se había acometido en nuestra ciudad. La Delegación del Gobierno destaca que, como consecuencia de las actuaciones realizadas durante el pasado año y lo que llevamos de este, se puede considerar “que Ceuta no es un lugar fácil para el asentamiento de este tipo de empresas fantasma”.
Paralelamente se ha determinado dar una mayor difusión al portal de denuncias que tiene habilitado el Ministerio de Trabajo en su página web, desde donde se puede comunicar cualquier tipo de infracción de manera anónima, siendo posteriormente la Inspección de Trabajo, el órgano competente para iniciar la investigación pertinente.
La coordinación con la Ciudad Autónoma en relación a los trabajos de modificación de la ordenanza municipal de urbanismo también fue abordada en la reunión. Esta iniciativa va destinada a mejorar las herramientas para la lucha contra la indisciplina urbanística. Una práctica que ésta afectando de manera muy grave en algunas barriadas que han quedado completamente desdibujadas por la acción ilegal indiscriminada. Barriadas como Príncipe o Recinto y Pasaje Recreo están siendo objeto de análisis por la cantidad de obra ilegal puesta en marcha. Lo que intenta frenar la Administración es esa lentitud en las actuaciones que provoca que, una vez detectada la obra de manera incipiente, pueda estar finalizada sin que, en el ámbito municipal, se haya actuado contra ella. Según informa la Delegación, este foro ya ha identificado diversos casos para próximas actuaciones concretas que se realizarán de manera conjunta.
Durante las próximas semanas, la comisión volverá a reunirse “ya que los protocolos de intercambio de información entre los distintos departamentos ministeriales que participan esta dando sus frutos”, apunta.
La comisión que estuvo presidida por el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, la conforma el jefe de Gabinete y sus asesores, el delegado de la Agencia Tributaria, el jefe superior de la Policía Nacional, el teniente coronel de la Guardia Civil, la directora de la Tesorería General de la Seguridad Social, el director de Ingesa, el jefe de la Inspección de Trabajo y los máximos responsables del Instituto Social de la Marina, de la Oficina de Extranjería y del Imserso.
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La atención a extranjeros y el derecho a arraigo Es mucho lo que se ha hablado sobre el fraude existente en la ciudad y que debe ser vetado. El delegado del Gobierno, invitado ayer al programa La Voz del Faro de la cadena Cope, puntualizó alguno de los asuntos que ha sorprendido a la Administración y sobre la que se está trabajando para evitar consecuencias negativas. “Hay temas que afectan al Ingesa, por ejemplo si un extranjero es atendido, en el momento que tenga el parte de extranjería a los tres años tiene derecho a arraigo”, explicó el delegado. En esto se van a poner a trabajar como en el control sobre la fiscalidad y declaraciones de la renta. “Hay muchas personas que antes hacia la declaración por aquí y se creían impunes, en fin, pues ya no lo son”.
