La Defensora del Pueblo investigará a la Guardia Civil

Tras la reciente denuncia de AUGC de la utilización de agentes, formados para ejercer labores policiales, para tareas de fontanería, electricidad, o de peluqueros, la defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación ante la Dirección General de la Guardia Civil. Cava de Llano quiere así esclarecer la veracidad de la denuncia presentada por la asociación y que fue ampliamente recogida por los medios de comunicación. Según explica la institución en su último boletín, la defensora quiere conocer si es cierto que hay más agentes que desarrollan labores para las que no han sido formados y que no tienen relación con la seguridad ciudadana.
La denuncia de AUGC ex-ponía que se estaba ofertando a los guardias civiles destina-dos en el puerto de Barcelona un puesto de peluquero, para el cual se les exigía a los interesados conocimientos teórico-prácticos en peluquería. Una oferta que se hacía a través de una circular interna difundida y publicada en dicho puerto.
Esta “oferta de empleo” venía a sumarse a otras profesiones que también deben desarrollar los agentes y que AUGC también ha denunciado en los medios de comunicación: fontanería, electricidad o albañilería “oficios y labores que, dice la Defensora del Pueblo, ni la Constitución ni las leyes reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les atribuyen”.
En la denuncia la asociación cifró en unos mil los agentes que se podrían estar dedicándose a este tipo de labores y advirtió  de que la situación se podría agravar si se tiene en cuenta las reducidas promociones que están saliendo de la academia y que además esta situación no será eventual, y estas escasas plazas sólo alcanzan a cubrir una de cada diez bajas producidas en el cuerpo.
La falta de personal podría según la defensora, «ser perjudicial, no ya sólo para los funcionarios de la Guardia Civil, sino también para los ciudadanos, que pueden ven mermada su propia seguridad». Por todo ello Mª Luisa Cava de Llano «ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil un informe detallado sobre la situación», informa el defensor.
Esta no es la primera vez que la Defensora del Pueblo se involucra en un tema relacionado con la Guardia Civil. Recientemente realizó una interpretación del artículo 13.1 de la Ley de Derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que establecía que el militar y el guardia civil podrán ejercer el derecho de reunión, "pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical". En aquella ocasión la Defensora avaló que tanto unos como otros podrán manifestarse sin el uniforme.